Giustianiani y varios representantes de asociaciones de defensa del consumidor comparecieron hoy en Buenos Aires para informar de las primeras conclusiones que obtuvieron tras tener acceso al contrato, que la empresa YPF -controlada por el Estado argentino- tuvo que hacer público esta semana después de un pedido de la Corte Suprema del país suramericano.
Se trata de un acuerdo firmado por ambas empresas en 2013 que cede a la estadounidense Chevron durante 35 años la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, ubicado entre las provincias de Nuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, y que hasta ahora YPF se había negado a publicar de forma íntegra.
No obstante, según consideró Giustianiani después de leer el contenido del acuerdo, “no fue un contrato firmado entre ambas empresas”, sino por dos “compañías offshore -Chevron Overseas e YPF Shale Oil Investment I-", radicadas en los paraísos fiscales de las islas Bermudas y del estado de Delaware respectivamente.
Además, tal y como apuntó, el contrato no contempla una inversión directa de la compañía estadounidense como detalló YPF en un primer momento y se trata, en cambio, de “un préstamo que una subsidiaria offshore le da a otra subsidiaria offshore”.
Según explicó el legislador, Chevron realiza un préstamo a la petrolera argentina con un interés de 7 % anual y 2 % en caso de atrasos o incumplimientos, que aprieta las condiciones si los negocios de extracción del yacimiento dejan de ser rentables con el paso del tiempo.
Por otro lado, la firma incluyó un entramado de hasta cinco empresas pantalla “bastante curiosa”, en palabras del diputado, que hacen que las inyecciones de dinero circulen desde Chevron hasta YPF de una manera opaca e ineficiente.
“Todos sabemos que las sociedades offshore se organizan para actuar con opacidad y evadir impuestos”, dijo el diputado, para quien el contrato genera dos interrogantes principales: saber si se construyó esta estructura para defraudar al fisco y conocer si este esquema “licua” las responsabilidades medioambientales de Chevron.
Se refirió así a la polémica generada en torno a los yacimientos de petróleo y gas no convencionales, que requieren una técnica de extracción conocida como “fractura hidráulica” o “fracking”, criticada desde su descubrimiento por las ONGs por su potencial capacidad de contaminación medioambiental.
Después de analizar el texto, el senador Pino Solanas, el presidente de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino; y el propio Guistiniani, presentes en la conferencia de hoy, pondrán las conclusiones a disposición del Congreso, de la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Defensoría del Pueblo para que evalúen las posibles irregularidades judiciales.
“Empieza el análisis del contrato para ver si los intereses nacionales están salvaguardados o no para los próximos 35 años”, zanjó Giustianiani.
