Una de las observaciones hechas recientemente por el ente contralor tiene que ver con diferencias en los registros de marcaciones de entradas y salidas de los funcionarios de la institución con los registros de entradas y salidas del país, de la Dirección General de Migraciones (DGM).
El equipo auditor comparó ambos registros surgiendo lo siguiente: Registros de entrada a la oficina; sin embargo, minutos después la DGM registra su salida del país.
Escasos minutos de tiempo entre los registros de salida de la oficina (ejemplo Luque) y el registro de salida del país por Puerto Falcón.
No se registró marcación de salida de la oficina; sin embargo, la DGM registra su salida del país a escasos minutos de la hora fijada para la salida de la oficina.
Así también se detectó el registro de marcación de salida de la oficina minutos después de la hora registrada por la DGM como salida del país por Puerto Falcón. Este es el caso de Myriam Hermosilla Ruiz Díaz, delegada de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Luque.
La Contraloría individualizó en ese sentido a nueve funcionarios.
Otro hallazgo. Otra de las observaciones hechas por la CGR tiene que ver con las denuncias de este diario sobre el uso de bonificaciones y gratificaciones para la adquisición de notebooks y el alquiler de locales.
El 21 de octubre de 2015, ÚH publicaba que Páez Monges había concedido llamativas gratificaciones a algunos funcionarios.
Los montos que iban desde G. 2.500.000 hasta G. 4.900.000 fueron otorgados a los funcionarios para que adquirieran equipos informáticos de un mismo local y luego, llamativamente, los donaran a la institución.
También se verificó la utilización de bonificaciones y gratificaciones para el pago del alquiler de los locales de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en las ciudades de Areguá y Luque.
A raíz de esta y otras denuncias periodísticas el ente contralor intervino e inició una auditoría, cuyo resultado se conoció recientemente.
Atornillado. Desde el año 2008 que el defensor Manuel Páez Monges tiene el mandato vencido y está atornillado en el cargo desde hace más de once años, por desidia del Congreso.
En el 2008 se debió elegir al nuevo defensor, pero esa vez no fue reemplazado porque no se conformó la terna, a pesar de que muchos candidatos se presentaron a pugnar.
