El consumo de cola de zapatero en niños y niñas se ha recrudecido en el último año. Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), admiten su reaparición y con más fuerza en menores indígenas.
La gente mira impávida al pasar cómo el hule transparente se agranda y se contrae bajo la vista perdida de un niño que no tendrá más de seis años de edad. La impotencia predomina ante esa cruda escena que a quien la observa se sabe incapaz de cambiar.
¿Quién les provee el pegamento? Desde hace 13 años rige la Ley 2718 que castiga a quienes vendan o distribuyan pegamento con tolueno a niños y niñas.
Igual se sigue viendo a menores de edad inhalando fana en la calle, práctica que se creía desplazada –para peor– por el consumo de chespi o crac. “Son varias las sustancias que hay en la calle, pero está volviendo el tema de los inhalables y más en forma de cola de zapatero. Es lo más barato también, se reparte entre ellos. Y mayormente el que va a comprar es un adulto”, comparte la Lic. Graciela Barreto, de la Unidad de Reducción de la Demanda de la Senad.
Asegura que el consumo de pegamento había disminuido en los últimos tiempos, pero con la venida constante –en el último año– de indígenas se recrudeció. “Es tanto el sufrimiento que hay porque los niños no deberían estar en esos lugares y consumiendo estas sustancias. Hay cuestiones de fondo que se tienen que analizar ahí", reflexiona.
Tolueno. Hubo una iniciativa –en el 2005– de eliminar el tolueno, el solvente que genera adicción, pero solo se restringió su venta a menores. Para Barreto, si bien ayudaría a reducir el daño a la salud, la supresión de esa sustancia química, considera que tampoco soluciona el drama del consumo de drogas de los niños en calle.
Néstor Aguilar, director de Registro y Fiscalización de la Senad, acota que también se buscó que por ley se tenga un registro de quienes adquieran pegamentos con tolueno. “Ahora estamos en pie otra vez para volver a hacer el trabajo de ver cuál es el foco de distribución que, por lo general, son las ferreterías”, señala.
La pena carcelaria va de dos a cinco años para los infractores. “El problema es que es un adulto el que va a comprar y el ferretero le entrega. Eso detectamos en la zona de Ñu Guasu”, dice al recordar una redada de 2015, en Luque, cuando rescataron a 19 menores nativos “en estado deplorable”.
Había un proyecto de ley que buscaba tomar los datos de las personas que adquieran estos pegamentos. Néstor Aguilar, de la Senad.
Sería genial que se encamine la eliminación de esta sustancia (el tolueno), que es tan casera. Graciela Barreto, de la Senad.