Por Elías Cabral
CANINDEYÚ
Un verdadero ambiente de guerra se vivió ayer en el límite entre los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, cuando funcionarios de la ANDE procedieron a cortar el servicio de la energía eléctrica que usufructuaban en forma clandestina los sintierras que ocupan el asentamiento 1º de Marzo dentro de la estancia Pindó.
Unos 30 uniformados de la Policía Nacional debieron retroceder y salir huyendo presurosamente del lugar ante el sonido de los disparos de diferentes tipos de armas que se escucharon desde el sector de los sintierras.
Y es que por orden del fiscal Lorenzo Lezcano, de Salto del Guairá, quien no asistió al procedimiento, el jefe de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Curuguaty, Víctor Insaurralde, junto a sus funcionarios, procedió a cortar la energía eléctrica que estaba conectada en la alta tensión que partía desde la colonia indígena Yukyry, que se encuentra pegada a la colonia Santa Lucía, y que llegaba a través de una línea sujetada por columnas de maderas hasta el asentamiento 1º de Marzo.
El Grupo Especial de Operaciones (GEO) desplegó sus hombres para dar cobertura a los funcionarios de la ANDE quedando a unos mil metros de distancia de los sintierras, quienes empezaron a disparar hacia los uniformados, luego de que se cortara la línea de transmisión de la energía.
“Hubo varios disparos de parte de los ocupantes ilegales hacia el personal presumiblemente con armas de grueso calibre”, manifestó el comisario Luciano Capdevila, jefe de Orden y Seguridad de la Policía Nacional de Canindeyú, a cuyo mando estuvo la fuerza del orden.
Los funcionarios de la familia Bendlin, propietarios del establecimiento, proveyeron de una motosierra para proceder a cortar las columnas de madera, hasta que los uniformados dieron la voz de alarma para la inmediata retirada del lugar ante el rápido avance de los sintierras, quienes se acercaron disparando con mayor intensidad.
La comitiva logró derribar tan solo cinco columnas cuando ya parecía inminente un enfrentamiento que se evitó con la rápida huida de los intervinientes.
El episodio genera temor ante otra inminente masacre por la misma posición que tomaron los campesinos para esperar a la fuerza policial, similar a la ocurrida en junio del 2012 en Marina Cué.
Los personales debieron ocultarse detrás de los vehículos y algunos en los montes porque las balas cayeron muy cerca según Capdevila.
Organizados. A juzgar por la práctica utilizada por los sintierras acercándose hacia la comitiva ordenadamente en línea con cobertura desde cierta distancia por sus compañeros, se puede afirmar que fueron bien entrenados para hacer frente a la fuerza del orden.
La Policía Nacional solo espera la orden para desalojar a las más de 350 familias, unas mil personas ocupantes aproximadamente del asentamiento 1º de Marzo.
En tanto, los miembros de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) exigen la expropiación de las 4.499 hectáreas para ser distribuidas a los campesinos.