El presidente Horacio Cartes está cosechando la tormenta que sembró cuando usó dinero público para pagar deudas de una empresa privada.
Pretextando el riesgo de un estallido social, echó mano de los impuestos que pagamos todos para saldar los compromisos de Azucarera Iturbe con los cañicultores.
Muchos se lo advirtieron entonces; es populismo y terminará reventándole en la cara. No los escuchó.
Por el contrario, le sumó otra perla; un subsidio directo para los empresarios transportistas que compraran colectivos nuevos. Fueron 30 mil dólares de nuestros impuestos por cada bus. El argumento de defensa, por supuesto, hizo hincapié en la cuestión social; “es solo un estímulo para modernizar el transporte público”.
Lo cierto es que en economía no hay merienda gratis. El populismo, en cualquiera de sus formas, lo paga el contribuyente, y sus consecuencias terminan, más tarde o más temprano, alcanzando a quien hizo uso de esta vieja práctica política.
Hoy, muchos de esos mismos cañicultores que ya recuperaron acreencias de la mano del Estado quieren que el fisco se haga cargo también de los préstamos que tomaron y no pueden pagar. Y si lo piden los cañicultores, ¿por qué no los otros productores para quienes también fue un mal año?
Y acá están, acampando en Asunción, esperando que los contribuyentes, pobres y ricos, hagamos por ellos lo que el Gobierno nos obligó a hacer –sin preguntarnos– por los accionistas de la Azucarera Iturbe y por los empresarios del transporte.
Una nueva concesión abrirá más compuertas. Las lluvias paralizaron obras, ¿por qué no pagarles sus deudas a los albañiles que no pudieron trabajar en esos días? Hay una contracción económica, ¿no tendríamos que hacernos cargo de los pasivos de los pequeños comerciantes que venden menos, de los limpiavidrios a los que una ordenanza pretende sacar de las calles, de vos, que probablemente sos un trabajador privado que hace tres o cuatro o cinco años no tiene un aumento de salario?
¿Por qué tendría derecho a que le paguen su deuda o le regalen dinero público un accionista azucarero, un transportista o un cañicultor, y no un taxista, una maestra o una cajera de supermercado?
El populismo económico, a más de ser un monstruo inmanejable, alimenta la dependencia de la clase política. Nada produce más placer en nuestra rancia dirigencia que ver filas de campesinos esperando que una decisión magnánima del Congreso los salve de la quiebra.
Los países con verdadera sensibilidad social jamás apelan a estos trucos miserables de la política. Ellos establecen un seguro agrícola, un fondo de contingencia y educan en la producción cooperativa. Un Estado sensible crea condiciones para que el productor sea un éxito o un fracaso, dependiendo de sus propias decisiones.
Si queremos respetar la dignidad del campesino hay que dejar de ver su trabajo como un apostolado y restituirle su condición de actor económico. El agricultor pretende que su actividad sea lucrativa. Quiere ganar plata, pagar sus gastos y vivir bien, no que le compongan versos.
