Con bombos y platillos, el Gobierno lanzó en diciembre del 2015 la licitación para la modernización y ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi, bajo la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que junto al proyecto de duplicación de las rutas 2 y 7, licitado meses antes, buscaba cambiar la historia de las obras públicas del país con participación privada en las inversiones.
La maravilla era que las construcciones se pagarían por sí solas o con poca participación de fondos públicos. Al menos ese fue el discurso que proclamaban las principales autoridades del Gobierno de Horacio Cartes. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, se preparó para atender las grandes obras y se encargó de contratar por más de USD 10 millones a la consultora Deloitte para gestionar las licitaciones.
En el caso del aeropuerto se recibieron tres ofertas, seis meses después de la licitación, es decir, en junio del 2015, y se presentaron Vinci Airports con Talavera y Ortellado (Francia y Paraguay); Aeropuerto Asunción Silvio Pettirossi, integrado por Cedicor (del grupo Eurnekián) y Caminos Viales del Uruguay (Argentina y Uruguay); y Sacyr con Agunsa (España y Chile).
disputas. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por disputas e incluso involucró a altos funcionarios públicos con los oferentes, con fuertes sospechas de tráfico de influencias.
Estos hechos hicieron que el proyecto esté hoy ante un inminente fracaso y el propio presidente Cartes anunció que abortará la licitación porque, a criterio del jefe de Estado, los proyectos que van en contra del país deben cancelarse. El MOPC, por su parte, a toda costa quiere adjudicar la terminal aérea a Sacyr.
Antes de la apertura de las ofertas técnicas de esta licitación, salió a la luz la poca seriedad de las empresas que competían en la licitación. Por ejemplo, en mayo del 2016, saltó el caso de la firma Cedicor (del grupo argentino Eurnekián), que incumplió con el pago del canon al Estado argentino donde opera como Aeropuertos 2.000. Luego de que la firma presentó su oferta, se especuló que tenía vínculos con el comité de evaluación.
Asimismo, en plena apertura de las ofertas técnicas, se descubre el caso más sonado que salpicó a la francesa Vinci, que estaba siendo asesorada por el estudio jurídico vinculado al jefe de Gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, que desde un comienzo tuvo una gran participación de los proyectos APP.
Sarubbi tenía un gran protagonismo en las APP, ya que el ministro Jiménez Gaona le dio la potestad de presidir la Comisión de Proyectos Estratégicos, hasta que se descubrió que dos abogados –amigos suyos y socios de su bufete– estaban asesorando a uno de los oferentes. Pese a la denuncia de supuesto tráfico de influencia, en ese momento no se concretó ninguna investigación de la Fiscalía o la Contraloría.
fuera de juego El proceso siguió su curso y en diciembre del 2016 se eliminó a Cedicor, que fue el único que quedó fuera de la licitación durante el análisis de las ofertas técnicas. Eduardo Acosta, representante de la firma, se retiró molesto de la apertura de ofertas económicas y denunció ante la Comisión Permanente del Congreso las irregularidades del proceso. Como la virtual ganadora quedó Sacyr, ya que Vinci ofreció un insignificante canon al Estado.
Mientras tanto, a comienzos de este año, el titular de la Comisión Permanente del Congreso, Ariel Oviedo, denunció las irregularidades de la licitación ante la Contraloría, entre ellas el incumplimiento de Sacyr en su país de origen, en España, específicamente en Murcia, donde se le rescindió un contrato, lo cual impedía a la empresa ser oferente. El organismo contralor inició una auditoría de todo el proceso.
Mientras se iniciaba la auditoría del ente contralor, se descubrió que la oferente Sacyr presentó una póliza de mantenimiento de oferta de Royal Seguros, empresa donde es accionista el jefe de Gabinete de la presidencia, Juan Carlos López Moreira. Era una de las tantas obras del MOPC que estaba asegurando la empresa vinculada al alto funcionario del Gabinete presidencial.
Hace unas semanas y después de tres meses del inicio de la auditoría, la Contraloría General de la República recomendó a Obras Públicas cancelar el proceso; es decir, declarar desierta la licitación, principalmente, porque la cartera no realizó un proceso de precalificación a las empresas que participaron del llamado, el cual debe hacerse obligatoriamente en este tipo de proyectos, a criterio del ente contralor.
Pese a la contundente conclusión de la Contraloría, el MOPC quiere continuar con el proceso y decidió pedir una “reconsideración” al dictamen que difícilmente se cambiará, según la propia Contraloría.
Mientras tanto, la APP de rutas 2 y 7 continúa y también podría ser auditada por la Contraloría a pedido de la Cámara de Senadores. En este caso, semanas atrás ya se firmó el contrato con Sacyr y la promesa es que las obras se inicien en breve.
