Por cada G. 1.000 que la Administración Central gasta anualmente, aproximadamente, G. 110 son destinados a salud (medicamentos y salarios del personal de blanco y administrativo); G. 180 van a educación (material escolar y salarios de educadores y administrativos); G. 10 van a la construcción de viviendas sociales; G. 110 a programas sociales (Tekoporã y Pensión de Adultos Mayores); y G. 2 a invertir en la promoción de la ciencia y la tecnología.
Además, destina aproximadamente G. 120 a seguridad ciudadana (policías y militares); G. 120 a mantener la burocracia (papelería, electricidad, combustibles, viáticos, entre otros); y G. 150 a pagar parte de la deuda pública, entre otros gastos.
En abril de cada año, el Ministerio de Hacienda comienza a trabajar en el delineamiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el siguiente año, la ley anual más importante del país.
En el decreto del Poder Ejecutivo que establece las líneas de acción para el próximo año, se fijan los puntos sobre los cuales se enfocará el Gobierno el próximo ejercicio fiscal, es decir, definirá si es más importante la educación o la salud, o los programas de asistencia social, la construcción de viviendas, o si dará un poco de recursos a cada uno de estos programas.
Una vez que se establecen las normativas para el próximo año, las entidades tienen tiempo de cargar sus prioridades en el sistema hasta junio. Entre julio y agosto, Hacienda anali- za los datos y acepta o rechaza los pedidos. Una vez termina- do el proceso, presenta el proyecto de gastos al Congreso, a más tardar el 1 de setiembre.
Es por ello, que lo importante es prestar atención a cómo se elabora el presupuesto estatal entre mayo y agosto, porque marcará lo que el gobierno de Horacio Cartes quiere (o no le interesa) hacer el próximo año.
Cuando llega al Congreso, en setiembre, es muy poca la modificación que puede hacerse. Este es el momento en que debemos involucrarnos y preguntar qué sectores se priorizarán en el 2017, si los jóvenes seguirán sin merienda escolar; si los hospitales tendrán medicamentos o no el próximo año; o cuántos adultos mayores más serán incluidos en el Programa de Pensión Alimentaria.
Este es el momento en que los ciudadanos debemos exigir que el dinero proveniente de nuestros impuestos vaya a parar a programas que beneficien a todos los que habitan el país y no simplemente a un grupo que malgasta el dinero estatal a su antojo. Este es el momento en que debemos preguntar qué se está haciendo para mejorar nuestra calidad de vida y exigir que los programas elaborados sean realizables y perduren en el tiempo.
