Además a todos los fiscales adjuntos del país y al propio fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón.
Con esto la Sala Penal de la Corte será la que debe resolver el caso, informaron desde el Ministerio Público, considerando que en este caso la máxima autoridad del Ministerio Público es uno de los recusados.
Cabe resaltar que es la segunda vez que presentan recusación de ésta índole, ya que en abril de 2017 ya se les había recusado a 12 agentes fiscales.
La abogada María Isabel Candi de Hermosilla, en representación de Richard Daniel Chamorro Alvarenga, Jorge Luis González, Marco Antonio Ramos Mareco y Marco Antonio Báez, procesados por el supuesto ataque y posterior quema del Congreso Nacional, presentó la recusación contra los agentes fiscales intervinientes, Yolanda Portillo, María José Abed y Hernán Galeano, por supuesta enemistad y amistad manifiesta que surge de irregularidades y hechos punibles denunciados como cometidos.
Indicó además que las actuaciones de los fiscales es arbitraria, sumadas a la ignorancia de las leyes.
Asimismo, resaltan que la fiscal Abed debía inhibirse de atender el caso, ya que tiene un parentesco con Sheila Abed, actual consejera de la Entidad Binacional Yacyretá.
Es decir, en el escrito no se olvidaron de la cercanía familiar de Abed con el cartismo.
chicanas. Desde el Ministerio Público alegaron que los abogados defensores presentan recusaciones de modo a trabar las diferentes causas, por lo que las investigaciones no pueden seguir su curso.
También resaltaron que incluso fueron recusados fiscales que nunca intervinieron en el proceso penal, por lo que su intención es trabar la investigación del Ministerio Público, comentaron.
En este caso además se encuentran procesados el ex diputado Juan Manuel Del Puerto, el concejal de Asunción Luis Rodrigo Buongermini, el polémico abogado Paraguayo Cubas y el también abogado Roberto Rojas González, quien había denunciado que tras su detención fue torturado por policías.
Los mismos fueron imputados por perturbación de la paz pública y otros por daños de cosas de interés común.
Otras cuatro personas fueron encausadas, ya que habrían tomado objetos, como escombros y cascotes del suelo, y los habían arrojado contra los policías.
La crisis del 31 M también dejó como saldo el asesinato de Rodrigo Quintana.