Con esto, el fiscal José Dos Santos, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitó al juzgado que eleve el caso a juicio oral y público. Además de estafa, el Ministerio Público sostiene que los miembros del directorio de la azucarera también cometieron el delito de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
La investigación fiscal determinó que los acusados ocultaron datos y engañaron al Banco Regional para obtener un crédito, y otro de Oikocredit. “El Banco Regional renunció a un derecho de garantía (hipoteca y prenda) sobre bienes inmuebles y muebles (incluso sobre los 4 trapiches y sus componentes) por el valor de G. 12.500.000.000, creyendo que lo cambiaría una garantía más beneficiosa (el fideicomiso en garantía) sobre los bienes inmuebles y muebles (incluidos los 4 trapiches y sus componentes), cosa que no ocurrió debido a que los trapiches ya no le pertenecían a la Azucarera Iturbe SA al momento de la constitución del fideicomiso”, relata la acusación.
En cuanto al otro afectado, Dos Santos señala que Oikocredit desembolsó el préstamo de USD 2.655.162, bajo la creencia de que el crédito estaba garantizado con la constitución del fideicomiso de garantía sobre todo el ingenio azucarero. En realidad, sostiene la Fiscalía, parte de los bienes de la azucarera, específicamente sus 4 trapiches y sus componentes, habían sido previamente transferidos el 26 de abril de 2010 a Ramón González Daher.
ANTECEDENTES. Por otra parte, los citados accionistas de la familia Codas Friedmann arrastran varias demandas y acciones judiciales en contra por presuntos hechos punibles, todos vinculados a la administración de la azucarera, que hace años está parada y sin posibilidades de reactivar debido al millonario pasivo que arrastra y que ya no cubriría los montos de las deudas y demandas, que fueron bloqueadas con chicanas.
Entre los más recientes se destaca el pedido de quiebra realizado por la Procuraduría General del Estado (PGR) en representación del Estado. Este se había subrogado la deuda de 15.000 millones de guaraníes de la deuda que tenía la empresa con cañeros, obreros y transportistas. En este caso, los accionistas de la empresa lograron frenar el proceso con una recusación del síndico, que, según abogados consultados, legalmente no está contemplada ni respaldada en ninguna ley.
No se descarta que al final se declare la quiebra fraudulenta de la azucarera, teniendo en cuenta que la PGR denunció el “ocultamiento de información y mala fe” por parte de los accionistas.
El auxilio estatal propiciado por el presidente Horacio Cartes había sido duramente cuestionado debido a que no se podía admitir que el Estado intervenga en un problema de mala administración de una empresa y que sería prácticamente irrecuperable.
Otro proceso judicial también se está desarrollando en la circunscripción judicial de Villarrica. La Fiscalía acusó a Roberto Codas Friedmann, Emma Codas de Campos, Fernando Campos y Sara Friedmann por la presunta comisión de lesión de confianza, en un hecho de supuesto robo de 4.250 toneladas de azúcar orgánica warranteada y que desaparecieron de los depósitos de la azucarera.