Cuando en el 2008 cayó el partido que había gobernado los últimos 60 años, un grupo de personas se atrevieron a hablar y a contar lo que sabían sobre las fosas donde habían sido enterrados los desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
Aunque fueron unos pocos, lo hicieron tras perder el temor a ser perseguidos, pues por fin el partido que había sido responsable de estas desapariciones ya no era el gobernante.
Desde que cayó la dictadura de Stroessner fueron encontrados 36 restos de desaparecidos, perseguidos por el régimen del general depuesto. De este total, apenas cuatro fueron identificados hasta el momento.
La Comisión de Verdad y Justicia registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos durante el régimen que estuvo en el poder entre 1954 y 1989, la gran mayoría de los cuales fueron víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física, según un informe de la agencia EFE.
A pesar de que la cifra de personas que aún siguen sin ser identificadas es elevada, solo algunos se atreven a buscar a sus familiares y contar el caso a un organismo estatal.
La Dirección de Reparación y Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia, trabaja desde hace unos años en crear un banco genético que permita identificar los restos hallados tanto en la Agrupación Especializada como en otros puntos del país. Para ello, necesita contar con por lo menos tres muestras de sangre de familiares por cada desaparecido.
El tiempo apremia, atendiendo a que la rápida degradación de los esqueletos hallados podría significar la imposibilidad de darles identidad.
Pero el Estado paraguayo sigue sin brindar todos los recursos a su alcance para que las viejas heridas se cierren de una vez por todas. Ello, a pesar de que existen dos sentencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en contra de Paraguay por no avanzar en el proceso de reconocimiento de los restos con amenaza de sanciones, inclusive.
La Fiscalía cuenta con pruebas para procesar a nueve supuestos represores del régimen, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no se expidió hasta el momento para elevar las causas a juicio oral, recuerda la revista Vida.
El proceso sigue lento. Paraguay sigue negando su historia a través del silencio de la gente. Es como si al no hablar de lo que sucedió, de cuántos desaparecieron, de cuántos fueron torturados, no hubiese pasado nada.
Quienes trabajan en cerrar los casos y dar por fin paz a los familiares de los asesinados tienen que mendigar porque el Ministerio de Hacienda les transfiera los recursos.
Además, cuentan con escaso apoyo para la difusión de su labor y las informaciones a las que acceden para hallar las fosas donde están enterrados los cuerpos siguen siendo de boca en boca.
Es necesario que el Gobierno que asuma el 15 de agosto otorgue los fondos para lograr que los más de 400 desaparecidos puedan ser enterrados por sus familiares.
Y, además, el Estado debe hacer un mea culpa por la poca importancia que otorga para difundir la memoria de los perseguidos durante el régimen dictatorial. Para ello, es necesario que en las escuelas y los colegios se incluya la enseñanza de la historia paraguaya reciente. Solo un pueblo que conoce su historia puede salvarse de repetirla.