Por Darío Arámbulo
Un joven que había sido condenado a un año de cárcel con suspensión de la condena tuvo que esperar cuatro años para que el Poder Judicial remita a las autoridades penitenciarias que él compurgó su pena. La desidia de jueces y defensores públicos, que tampoco hicieron seguimiento del caso, condenó a Wilson Alexander Orué Fleitas (26) a estar privado de libertad sin motivo alguno.
El 30 de setiembre del 2013, Wilson, con 21 años, había sido privado de libertad por la Policía por un supuesto caso de robo agravado, por el cual fue procesado por la Fiscalía. Finalmente, el 10 de octubre del 2013 el juez Penal de Garantías de Luque, Alberto Sosa Vera, comunicó a la Comisaría 26ª de Remanso que el joven tenía que guardar reclusión en la Penitenciaría de Tacumbú.
Supuestamente, en el proceso hubo un cambio de carátula del expediente a hurto, ya que presuntamente no se pudo comprobar el hecho punible más grave, según fuentes judiciales.
Luego de estar con prisión preventiva por tres meses por disposición del Juzgado Penal de Garantías, el 19 de diciembre del 2013 Wilson fue condenado a un año de prisión preventiva con suspensión de la condena como parte de un proceso abreviado, lo cual implica que no tendría que haber estado en prisión.
Sin embargo, las autoridades judiciales nunca notificaron a la Penitenciaría que Wilson ya debía de recuperar su libertad, como tampoco el defensor público que le habían asignado realizó trámite alguno para que el joven recupere su libertad. Fuentes judiciales indicaron que supuestamente el defensor público del caso fue Juan José Oviedo Jacobson, con quien intentamos comunicarnos ayer, pero sin éxito.
Recién el 24 de octubre del 2017 el Juzgado de Luque comunicó a la Dirección de Institutos Penitenciarios que Wilson tiene compurgada en su totalidad la condena de un año que le dieron el 19 de diciembre del 2013. La que comunicó fue la jueza María Fernanda García de Zuñiga, quien actualmente está a cargo del Juzgado Penal de Garantías.
Sistema. Para la comisionada Dian Vargas, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el caso de Wilson demuestra las fallas del sistema de Justicia. “Ni el defensor ni ningún funcionario judicial se ocupó efectivamente del caso”, mencionó y añadió que hay responsabilidades personales de parte de los funcionarios, como responsabilidad del Estado por una privación ilegítima de libertad.
Finalizó cuestionando “cómo es que todo el control de la Corte en visitas, la Defensoría Pública, el MNP, las instancias al interior del Ministerio de Justicia, todas las que deberían de controlar el funcionamiento del sistema, hicimos agua”.
Resolución. García a finalmente informó que Wilson compurgó su condena que le dio otro magistrado luego de 4 años de cárcel.