El titular de la Senad, Luis Rojas, explicó a varias emisoras que Sánchez había visitado la mansión presidencial junto a un grupo de políticos del gobernante Partido Colorado del departamento de Amambay, y que allí se entrevistaron con Basilio Núñez, uno de los asesores de Cartes.
Rojas añadió que la Senad conocía que Sánchez estaba participando en esa entrevista, en la que se abordaron aspectos de las elecciones internas a la presidencia del Partido Colorado, y que dejaron que terminara para no entorpecer la investigación, que luego derivó en el arresto del diputado suplente.
Pero desde la Fiscalía, el fiscal adjunto Marco Alcaraz criticó hoy que la Senad, encargada de la vigilancia del sospechoso y de ejecutar su orden de detención, no informó al Ministerio Público de esta visita.
Añadió que los fiscales solo tuvieron conocimiento de ella después de la detención a través de los medios de prensa.
La presencia en ese lugar de Sánchez, quien estaba siendo investigado y tenía una orden de captura en su contra, ha causado un gran revuelo entre los medios locales, que hoy le dedican amplias coberturas.
En declaraciones a Radio Cardinal, Alcaraz manifestó también que esta falta de información “podría afectar a la confianza” entre la Fiscalía y la Senad, por lo que se solicitarán informes a la institución antidrogas.
Alcaraz reconoció que, dado que la orden de detención no se había hecho pública a todas las autoridades por la “discreción y reserva” que exigía el caso, el personal de seguridad de la casa presidencial “no tenía por qué saber” que Sánchez debía ser arrestado.
Sánchez, diputado suplente del norteño departamento de Amambay por el Partido Colorado, se encontraba en compañía de Marcial Lezcano, el diputado titular, cuando fue detenido el viernes en el marco de la investigación por un presunto delito de lavado de activos.
Lezcano también estaba en la reunión mantenida con Núñez en la mansión presidencial.
Los nombres de Sánchez y Lezcano aparecieron en un informe de la Senad, presentado el pasado noviembre en el Senado paraguayo, que se basa en “evidencias de audio” para establecer supuestos vínculos entre el narcotráfico y varios políticos, una trama que se conoce en Paraguay con el nombre de “narcopolítica”.
