La decisión de varias entidades del Estado de abonar una gratificación a los funcionarios a días de las internas partidarias es como mínimo un insulto a la ciudadanía que paga sus impuestos.
En la década del 90 era fácil entender que los funcionarios públicos utilicen recursos del Estado para campañas políticas.
Quienes ejercían cargos en los puestos más elevados tenían como principal currículo pertenecer a una nucleación partidaria y primaba más su afinidad política con el gobernante de turno que la capacitación universitaria.
Con el paso de los años, las oficinas estatales fueron dando cabida y preferencia a los funcionarios técnicos. Empezaron a elaborarse planes de Estado que fueron sustituyendo a los planes de gobierno.
Así, se lograron transparentar los gastos del Estado y se pudo saber por fin cuánto ganaban los funcionarios. La “matriz salarial” convirtió beneficios extras en parte del salario, pero se entendió que para afianzar la carrera del servicio público había que otorgar ciertas concesiones.
Por ello hoy, después de haber recorrido un largo camino en busca de la excelencia del servicio estatal, es inexplicable entender cómo es posible que técnicos formados en el exterior sean incapaces de plantarse a las apetencias políticas.
Y más aún repugna que disfracen los nombres de beneficios pagados días antes de las elecciones internas, tratando de tomar por tontos a miles de ciudadanos que pagan sus impuestos, a pesar de que apenas tienen para comer por la falta de políticas públicas de empleo o educación de calidad o para costear un tratamiento médico por los deficientes servicios de salud pública.
Es dable suponer que las personas con masterados o doctorados en el exterior son capaces de frenar a la marabunta política y que tienen un mínimo de dignidad para oponerse a gastar el dinero de los contribuyentes por una simple orden política.
Quienes ostentan un cargo en instituciones estatales están aún en deuda con la ciudadanía. Esta selección nacional que completará el periodo de gobierno de Horacio Cartes más se parece a la que nos dejó fuera de dos mundiales de fútbol que a aquella que nos llenó de orgullo en Sudáfrica en el año 2010.
Sería bueno que quienes vienen entiendan que no basta tener mayor capacitación, si ese conocimiento no es volcado hacia el servicio a quienes pagan impuestos y no a un grupo que se cree dueño de la cosa pública.
El servicio público tiene aún un largo recorrido para llegar a la calidad que nos merecemos recibir quienes habitamos este país. Es de esperar que quien asuma el próximo gobierno tenga entre sus prioridades la modificación de la ley que regula la función pública y logre la profesionalización que todos anhelamos.