EFE
De esta manera, el juez resolvió eliminar las medidas alternativas a la prisión de las que gozaban los tres acusados, y dictaminar la prisión preventiva para ellos hasta que finalice el juicio oral y público al que serán sometidos por un presunto delito de homicidio doloso, según un comunicado remitido por la Codehupy.
En abril de 2014, los adolescentes Francisco Rojas, de 16 años, y Néstor Duarte, de 17, ambos internados en el centro para menores infractores de Itauguá, murieron como consecuencia de los disparos presuntamente efectuados por guardias de la institución.
Los guardias trataban de controlar una protesta de los menores internos contra los maltratos físicos y verbales por parte de funcionarios, así como por la mala calidad de los alimentos y la falta de insumos.
Durante estos hechos, tres de los guardias perimetrales del recinto habrían efectuado al menos cuatro disparos de escopeta por entre las rejas de las ventanas de uno de los pabellones.
Como resultado de estos disparos, los adolescentes Rojas y Duarte fueron heridos de muerte y permanecieron más de media hora sin recibir ninguna atención, según la denuncia de la Codehupy, que acompaña una querella criminal contra los guardias acusados.
Esta querella busca “la sanción a los responsables de las muertes y la reparación a las familias de los adolescentes”, así como pedir al Estado que “adopte políticas efectivas dirigidas a una atención integral a adolescentes en conflicto con la ley y medidas para la no repetición de este tipo de hechos”.
Además de los fallecimientos de Rojas y Duarte, en el Centro Educativo de Itauguá, antes llamado Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, donde ocurrieron los hechos, murieron doce menores en incendios entre 2000 y 2001, y dos adolescentes fallecieron en julio de 2014 al electrocutarse con la valla electrificada que rodea a la institución.
El centro ya fue objeto en 2004 de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de los aproximadamente 4.000 jóvenes que estuvieron en dicho sitio entre 1996 y 2001.
La sentencia acusaba al Estado paraguayo de no haber adoptado medidas especiales de protección en favor de los adolescentes privados de su libertad.
Por su parte, la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Washington, denunció en 2014 que diez años después de este fallo de la CorteIDH, Paraguay incumple su obligación, al carecer de un plan sobre reformatorios.
