Este plan contempla la construcción de varios edificios de gran envergadura, en donde funcionarán las oficinas estatales e incluye el tramo final del Metrobús.
Los funcionarios también decidieron ayer en asamblea presentar mañana un pedido a la fiscala Claudia Penayo para que investigue la violación de la Ley 1066/65 de Puertos, pues el inicio de las obras se decidió a través de decretos del Ejecutivo. Según Walter Ferreira, del Sindicato de Funcionarios Administrativos y Operacionales, alrededor de 600 funcionarios ignoran cuál será su destino y funciones, porque las autoridades portuarias no informan cómo procederán.