La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se manifestó ayer sobre la sanción que podría aplicarse a la empresa Ramón C. Álvarez y su socia la paraguaya CDD Construcciones, integrantes de Concesionaria de Peajes del Paraguay, grupo que presuntamente mintió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para adjudicarse la operación de 13 peajes de las rutas del país.
“Se exponen a una sanción de inhabilitación para contratar con el Estado, que va desde tres meses hasta tres años, según las disposiciones de la Ley 2051/03", expresó Luis Godoy, director jurídico de la DNCP, ante la consulta de este medio.
Recordemos que Godoy anunció hace días que pedirá un informe al MOPC sobre las anomalías denunciadas; sin embargo, aún no lo hizo hasta la fecha.
Lo concreto es que documentos oficiales de Uruguay, publicados por este medio, evidenciaron que la firma charrúa no tenía la experiencia requerida que acreditó para quedarse con la licitación en cuestión.
Empero, MOPC requiere de una confirmación oficial, vía Cancillería, para definir el destino de la cuestionada concesión (ver antecedentes en infografía).
En este caso, Ramón C. Álvarez no contaba con los cinco años de experiencia en operación de peajes (entre el 2002 y 2007), que acreditó el consorcio en su oferta, supuestamente con aval de la Corporación Vial de Uruguay (CVU).
La compañía solo tenía un contrato de tres años y cinco meses (desde el 2002 hasta el 2005), por lo que no podía ganar la licitación en cuestión, ya que el pliego exigía una experiencia mínima de cuatro años. La CVU ya advirtió sobre esta situación desde el país oriental a las principales autoridades de Obras Públicas, vía correo electrónico.
FALSIFICACIÓN. Ahora también se afianza la sospecha de falsificación de uno de los dos documentos que presentó Ramón C. Álvarez en la oferta del consorcio, justamente para “acreditar” su experiencia en la operación de peajes.
Se trata de una nota que supuestamente expidió la CVU el 30 de marzo del 2007, que tiene la firma del ingeniero uruguayo Roberto Sandonato, a quien se menciona como gerente de Contrataciones de la CVU. En el escrito se menciona que la empresa charrúa tuvo un contrato con CVU entre los años 2002 y 2007, lo que le acreditaba una experiencia de cinco años.
Empero, el ingeniero Roberto Sandonato, quien supuestamente firmó el aval otorgado a Ramón C. Álvarez, confirmó en contacto con ÚH que nunca ocupó el cargo de gerencia de Contrataciones en la CVU, como menciona el escrito que presentó la empresa uruguaya al MOPC, lo cual le sirvió para ganar la licitación.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas de Uruguay también documentó que Ramón C. Álvarez solo tuvo un contrato entre el 2002 y 2005 con la CVU.
Ahora queda en manos del MOPC cancelar o seguir con el cuestionado proceso. Si se llega a firmar el contrato, el consorcio podrá percibir hasta USD 80 millones por cobrar el peaje durante 10 años.
Esto fue duramente cuestionado en su momento, pues la mayoría de los puestos se modernizó para entregárselo al sector privado. Del total de los puestos que administrará el consorcio, ocho peajes ya fueron modernizados y costaron USD 14 millones.
