13 may. 2024

Partidos y movimientos, aplazados en transparencia, según informe de oenegé

El Grupo Impulsor de Acceso a la Información presentó ayer su informe sobre la situación del acceso a los datos públicos en el país y se mostró preocupado por las falencias de los sectores políticos.

El Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) presentó ayer su informe sobre el Estado actual del acceso a la información pública en Paraguay y el monitoreo de propuesta de los candidatos que pugnan a la presidencia, que reveló un masivo aplazo de los partidos y movimientos políticos en cuanto a transparencia de información sobre el financiamiento político.

El grupo, coalición de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios Judiciales, Semillas para la Democracia, Instituto de Derecho y Economía Ambiental y Fundación Libre, reveló que las agrupaciones políticas no brindan en sus páginas web ninguna información contable ni presupuestaria, así como tampoco sobre convenios de gestión o las subvenciones que reciben.

Los partidos y movimientos evaluados fueron la Asociación Nacional Republicana (ANR), el movimiento Colorado Añetete (ANR), el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el movimiento Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar, PLRA-Frente Guasu), el Partido Frente Amplio y el Partido Democrático Progresista (PDP). Las demás agrupaciones no se tuvieron en cuenta porque ni siquiera cuentan con un sitio web o lo tienen desactualizado desde hace años.

“El ránking de transparencia nos indica que están mal en todo. Pueden entrar a la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde se supone que los partidos políticos hacen sus rendiciones de cuentas. No existen datos sobre en qué se gastó el dinero público, y mucho menos el dinero privado”, indicó Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia.

Reiteró que ninguno de los partidos dio detalles sobre sus recursos, ya que no existen rendiciones en los sitios web.

Por su parte, Ezequiel Santagada, integrante del Grupo Impulsor, opinó que todos los políticos “se lavan la boca hablando de transparencia, y a la hora de rendir cuentas acerca del uso del dinero, pues no hacen absolutamente nada”.

Manifestó también su preocupación sobre la posibilidad de que exista un retroceso en la construcción de una agenda pública para el libre acceso a la información, teniendo en cuenta la resolución de la Corte que rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada para acceder a datos sobre la nominación de la nueva fiscala general Sandra Quiñónez.

ACEPTABLE. El ránking de transparencia evalúa seis variables en total, y solamente el movimiento Colorado Añetete tuvo una calificación de aceptable a nivel general, obteniendo un valor de 11 sobre 32, lo que le otorga 34% del total de puntos posibles. Los demás partidos y movimientos políticos ni siquiera llegaron a la puntuación para aceptable, en una tabla que ofrece las escalas de muy buena (80 a 100%), buena (de 79% a 60%), aceptable (de 59% al 30%) y deficiente (a partir de 29%).

Juan Pablo Fernández, otro integrante del GIAI, indicó que tampoco pudieron encontrar información mínima en las páginas web de los candidatos como lo relacionado a la vida de los políticos, o propuestas electorales, y lo mismo ocurre con el sitio del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

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Proponen una reforma de la ley
El Grupo Impulsor de Acceso a la Información indicó además durante la presentación de su informe que si se reforma la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental se debe incluir a los partidos y movimientos políticos como sujetos obligados de la normativa. “Los partidos políticos deben rendir cuentas a la ciudadanía a través de los distintos espacios, de las distintas herramientas, como por ejemplo el sitio web, como lo hacen las distintas instituciones del Estado”, indicó Marta Ferrara, de la organización Semillas para la Democracia.
Agregó que las agrupaciones partidarias incluso reciben subvención del Estado y fondos privados para pugnar por cargos públicos. “Deben rendir cuentas a la ciudadanía, y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de exigirles a ellos información sobre qué hacen con la plata que les damos”, afirmó Ferrara.

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