El año que viene, Paraguay recibirá la visita de representantes de Colombia y Filipinas, quienes observarán si el Estado cumple con el compromiso internacional para la prevención y el combate de la corrupción pública que fue suscripto mediante la Ley 2535/2005, junto a la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.
En estos capítulos se enfatiza en la tipificación de hechos punibles de corrupción pública, sus sanciones, las medidas cautelares y de reparación de daños, así como la cooperación internacional de expertos, experiencias y los órganos oficiales encargados de la persecución y juzgamiento de los ilícitos en los Estados.
La coalición de organizaciones civiles de 100 países emitieron una declaración conjunta en la que solicitan a los gobiernos el fin de la impunidad y el fortalecimiento de sus mecanismos de sanción interna.
También llaman a los gobiernos a que den pasos concretos en prevención, criminalización y recuperación por sobre todo de los activos perdidos en corrupción.
Piden que haya registros y que se hagan públicos los datos a los verdaderos dueños de los fondos y llaman a los gobiernos a que corrijan la falta de protección a los denunciantes, las inmunidades de los servidores públicos, los acuerdos judiciales que son poco severos, y la falta de independencia y recursos para los poderes judiciales y las autoridades de aplicación.
La coalición de la Uncac (siglas en inglés), formada en 2006, es una red integrada por más de 350 organizaciones de la sociedad civil en más de 100 países.
María Victoria Rivas, directora del CEJ, afirmó que este llamado que hacen las organizaciones de la sociedad civil es para que el Gobierno fortalezca su capacidad de respuesta y sanción de los casos de corrupción detectados en distintos entes públicos y, por sobre todo, establezca mecanismos de recuperación de los activos robados.
La Conferencia de Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción se realiza en la ciudad de Panamá desde el lunes y culmina el viernes.
