El contralor general de la República, Roy Rodgers, y el fiscal Adjunto Anticorrupción, Federico Espinoza, explicarán en la fecha en la 26ª Reunión Plenaria del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), en la OEA, las medidas adoptadas por el país en esta materia.
La Convención Interamericana contra la Corrupción fue el primer instrumento internacional anticorrupción (1996). Se trata de una guía sobre cómo prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ámbito público.
Esta vez serán examinados Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú, antes de realizarse visitas in situ a estos países, por parte del Mesicic. Rodgers y Espinoza estarán acompañados por la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente de Paraguay ante la OEA.
Paradójicamente, Rodgers representa a una institución que el año pasado estuvo en el ojo de la tormenta por hechos de corrupción (caso secretaria vip), que les costó el cargo al contralor general Óscar Rubén Velázquez y a la subcontralora, Nancy Torreblanca.
La credibilidad de la institución creada para velar por el manejo transparente del patrimonio público, mediante actividades de control, quedó muy afectada por el escandaloso caso de despilfarro y millonarias asignaciones a funcionarios, entre otros, a la secretaria del contralor, Liz Paola Duarte, quien aún sin título universitario llegó a percibir cerca de G. 30 millones, en algunos meses, supuestamente por horas extras.
Ante las evidencias publicadas mediante una investigación del diario Última Hora, primeramente, renunció el contralor y luego la subcontralora, cuando estaban a punto de ser sometidos a un juicio político.
En la reunión que abrió ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que se extenderá hasta el viernes, se considerarán, entre otras, medidas concretas para fortalecer la cooperación entre Estados sobre la responsabilidad del sector privado en la prevención y el combate contra la corrupción; la cooperación internacional no penal, y la transparencia en la contratación pública. De hecho, estaba previsto que un representante de la Secretaría de la Función Pública integre la delegación paraguaya, pero no se concretó la participación.
MEDIDAS. No obstante, esta institución remitió un informe sobre las medidas que adoptó en el 2015 para transparentar las contrataciones en el Estado, informaron fuentes del Ministerio Público. La visita in situ, que incluirá al Paraguay, es para apreciar sobre el terreno la situación de los Estados en materia anticorrupción. Permite recabar información tanto de las autoridades como de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y demás entidades, relacionadas con el tema anticorrupción.
