En las “Observaciones finales sobre el Cuarto Informe Periódico de Paraguay”, del 6 de marzo último, el Comité señala además preocupaciones sobre la débil recaudación fiscal, lo cual limita la inversión del gasto público social, indica que las medidas contra la corrupción siguen siendo inadecuadas y apunta la falta de independencia de los funcionarios del órgano judicial.
Como otras instituciones internacionales, también hace referencia al hecho de que desde el 2008 no se haya realizado el nombramiento de un nuevo defensor del Pueblo y que el proyecto de ley contra toda forma de discriminación, que se encontraba en discusión en el Senado, no haya sido adoptado.
desigualdad. Además, explica que persiste la desigualdad entre hombres y mujeres particularmente en el acceso a la educación, servicios de salud y seguridad social. Los altos índices de desempleo y subempleo y las prácticas discriminatorias contra las mujeres en las condiciones laborales, y que el país no cuente aún con un sistema de protección social universal.
Advierte además sobre los efectos negativos que trae aparejado el extenso cultivo de soja y el elevado déficit de vivienda, entre otros aspectos.
Especial preocupación genera al Comité que el Estado paraguayo aún no cuente con un mecanismo legal que garantice la obtención del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en relación con la toma de decisiones que pudieran afectar el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Además, que un número significativo de pueblos indígenas todavía carezcan de tierras o que estas no hayan obtenido reconocimiento legal y que aun cuando sus tierras han sido registradas, podrían ser víctimas de desalojos forzosos.
INFORME. Paraguay presentó su informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 23 y 24 de febrero pasado, en sus sesiones 2ª y 3ª, en la sede de la ONU, en Ginebra.
POSITIVO. El Comité también acoge con satisfacción que el Paraguay haya establecido la gratuidad universal de todas las prestaciones médicas ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en todo el país, desde julio de 2013.
También señala la creación de un sistema de monitoreo de recomendaciones internacionales realizadas por diferentes mecanismos de derechos humanos; la adopción de un Plan Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad; la adopción del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, y la implementación de los programas Tekoporã y Abrazo. Celebra que se haya aprobado la Ley de Lenguas y la normativa que establece la gratuidad de la enseñanza básica obligatoria de 6 a 14 años.
El Comité recomienda al Paraguay que promueva la recopilación sistemática de datos, así como la elaboración y utilización de estadísticas sobre los indicadores de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.