Ayer el director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, Marcos Elizeche, presentó ante la prensa los detalles del proyecto de ley que busca crear una superintendencia de pensiones y que establece normas de inversión para el sistema nacional de jubilaciones.
Durante la presentación, el directivo sostuvo que anualmente se calcula que a unos USD 1.500 millones ascienden los aportes que hacen los aportantes a las diversas cajas jubilatorias, tanto públicas como privadas.
Indicó que actualmente no existe una institución que regule a todas las cajas previsionales y esta situación puede considerarse como una “bomba de tiempo” para los hoy aportantes que esperan su jubilación.
Lo que se busca con este proyecto de ley es crear un ente supervisor y regulador, que sería una superintendencia de pensiones, cuya principal tarea será establecer las condiciones de inversión de estos fondos previsonales.
Uno de los puntos de discrepancia con las cajas jubilatorias es que no tendrán un representante ante el Consejo Asesor, pues esta instancia estará integrada por las principales autoridades del Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Trabajo.
Será este consejo el que proponga la terna de candidatos ante el presidente de la República, para asumir el cargo de superintendente de Pensiones.
De igual manera, será esta instancia a la que este superintendente electo deberá presentar informes sobre su gestión y a la que las cajas podrán recurrir en caso de quejas por su desempeño.
inversiones. El proyecto también delimitará los diversos tipos de instrumentos de inversión con que las cajas podrán disponer sus fondos, como en bonos (del Tesoro público o de entidades privadas), acciones, créditos, inmuebles, entre otros, en los que se dispondrán límites máximos.
El objetivo de esto, según explicó Elizeche, es diversificar las inversiones de las cajas previsionales que hoy están en gran medida colocadas en depósitos bancarios o en inmuebles. Esta manera de invertir puede no generar los retornos que permitan a las cajas tener una salud actuarial para asegurar la capacidad financiera de responder a futuro los beneficios de los aportantes.
El directivo negó que el proyecto busque introducir el “modelo chileno” de ley de pensiones, que ha tenido grandes problemas en los últimos años en ese país al responder ante los jubilados.
Aseguró que la ley no se plantea modificaciones en el esquema de capitalización individual, tanto en las cajas administradas por entidades privadas como los asegurados de instituciones públicas.
“Para nada se modifica esto, el modelo del sistema de pensiones seguirá vigente conforme a las leyes actuales”, aseguro Elizeche.