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Jorge Servín todavía intenta sobreponerse a su destitución como presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que fue automática tras un incidente a la salida de la institución en que al intentar protegerse de los ataques de unos manifestantes, instintivamente levantó una de las piernas para repeler a alguien que resultó ser una indígena que, con otros nativos, pedía la destitución del funcionario desde hacía 22 días. Servín explicó que su intención no fue patearla sino que fue una reacción natural de defensa. No obstante, es consciente de que quedó “como un golpeador de mujeres indígenas”. Está convencido de que el episodio fue preparado por un grupo, exclusivamente avá guaraní, que defiende el arriendo de las tierras de los nativos a terceras personas, y que no está de acuerdo con que se apruebe un proyecto de ley que pretende penalizar esta práctica. “Siento que se les premió”, dice Servín antes de responder estas preguntas.
–¿Cuántas comunidades indígenas hay en el Paraguay y cuántas tierras están bajo su dominio?
–Hay cerca de 711 comunidades indígenas que aproximadamente poseen más de 1 millón de hectáreas, de las que no todas están tituladas. El INDI es la institución encargada de este trámite y de transferirlas, porque en el Paraguay, los indígenas son propietarios bajo el derecho colectivo. La tierra es de la comunidad.
–¿Con qué se encontró en estos dos años de gestión en el INDI?
–Con mi predecesor que había vendido tierras indígenas. Con que tenía que irme cada día a la Fiscalía de Delitos Económicos. Con una institución en donde no se creía que la honestidad fuera importante. Con un desfalco de más de G. 3 mil millones. Con poco más de 60 funcionarios y con un presupuesto que no fue pensado para atender tantas necesidades. Con muchísimos problemas de ocupación de tierras indígenas en el Chaco y en la Región Oriental, el uso de tierras indígenas con fines económicos por personas ajenas a la comunidad.
–¿Cómo es esto último?
–Encontramos en varios lugares comunidades que dieron en alquiler sus tierras hasta el 2018 o 2020. Desde un principio vimos este problema, por eso en 2013 realizamos una reunión de ex presidentes del INDI para abordar este tema. Otra con los indígenas y una más con las oenegés. Sacamos un documento interno en el que se consignó que una gran cantidad de hectáreas de tierras indígenas estaban en manos de no indígenas, algunas usándolas sin pagar ni un centavo por ellas. Grandes extensiones de cultivo mecanizado en las comunidades, sobre las que los indígenas nos respondían que pertenecían al patrón, sin decir de quién o quienes se trataba.
–¿Qué genera esta situación en las comunidades?
–De inmediato, una desigualdad en la comunidad. Los beneficios no alcanzan a todos. El que hace el trato es el cacique o los caciques de la comunidad y sus parientes, que siempre se quedan con la parte más grande del dinero. Ellos viven bien y los demás, no. Como derivación, las relaciones comienzan a deteriorarse en la comunidad. También se generan problemas ambientales. ¿Quién recupera los arroyos contaminados, los montes que se echan para realizar los cultivos y dónde van a parar los indígenas cuando ni siquiera tienen leña?
Hay un cambio en el paisaje y en las relaciones, y aquellos que se enojan o no comparten esto, o se aguantan o solo les queda ganarse la calle. Es la migración de familias enteras que se van concentrando en espacios urbanos.
–¿En qué porcentaje se está dando esto?
–Este fenómeno se está dando en una buena cantidad de comunidades en la parte alta de Canindeyú; en el distrito de Itakyry y Minga Guasu, Alto Paraná. En Caaguazú, Caazapá e Itapúa. En el Chaco también, en algunas zonas, para ganadería extensiva.
Con este se rompe el equilibrio del derecho colectivo. El artículo 64 de la Constitución Nacional y el artículo 17 de la Ley 904 hablan claro de que no se puede hacer esto. Sin embargo se hace.
–¿Qué solución plantearon, al tema?
–Un proyecto de ley para penalizar esta práctica, porque cuando uno va a denunciar casos así ante la Fiscalía, te dicen que no pueden hacer nada, porque no está penalizado. Entonces nos dicen que solo por la ley ambiental pueden hallar la forma de perseguir una acción así.
–¿Cuál es el peligro de esto, si continúa creciendo la práctica impunemente?
–El peligro es que si no se sigue una política de protección en términos jurídicos y en términos territoriales, haciendo cumplir las leyes, pronto estaremos a las puertas de que surjan voces que reclamarán: ¿para qué otorgar más tierras a los indígenas, si ellos no la usan y permiten que otros se beneficien de este recurso?, o que digan que el Estado está gastando al pedo. Van a empezar las justificaciones políticas a favor de entregar esas tierras a una cooperativa o a los sojeros, etc., y que a cambio estos les pasen mensualmente una suma de dinero. Se va a llegar al punto en que todo se podrá privatizar.
–¿El grupo que pidió su cabeza como presidente del INDI, aprueba el arrendamiento de sus tierras?
–Ellos asumen que lo hacen y que eso es lo que ellos quieren hacer. Por eso se movilizaron. Pero yo no puedo ser cómplice de esto. No podemos ser cómplices.
–¿Quién les cubrió la movilización?
–Y cae de maduro... Es una inversión esto: Solo en Canindeyú hay unas 40.000 hectáreas de tierra ocupadas por cultivo mecanizado. Yo no sé en manos de quién está todo eso, pero alguien se está beneficiando. Estamos hablando de gente que no solo no es sujeto de reforma agraria. No son los indígenas.
–¿Cuánto pagan a los indígenas en concepto de alquiler de sus tierras?
–No tengo un estudio de eso. Se habla de uno a 2 millones de guaraníes por año, por cantidad de familias. Casi el 70% de esas tierras arrendadas están totalmente mecanizadas. Hay que identificar quiénes son los que financian esto para lo que no hay una sanción.
–¿Hay comunidades indígenas que están en desacuerdo con esto?
–Por supuesto. Y en las mismas comunidades afectadas hay familias que no comparten esto.