El nuevo periodo legislativo que comenzó en el 2013, ya inició con legisladores imputados, que posteriormente derivó en una cadena de desafueros para que los procesos judiciales puedan proseguir.
Los escándalos que envuelven a los diputados no cesan y, en ese sentido, los dos casos más recientes involucran a dos representantes del Partido Liberal Radical Auténtico: Fernando Nicora y Antonio Buzarquis.
Nicora fue imputado la semana pasada por la fiscala Nadine Portillo por el hecho punible de lesión de confianza, por presuntamente haber contratado durante su gestión al frente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) a 262 planilleros, que en realidad trabajaban como operadores políticos del PLRA en la campaña para las elecciones generales del 2013.
De acuerdo con un informe de la Administración de Puertos, el importe total abonado por la institución por las contrataciones de noviembre y diciembre del 2012 fue de G. 610 millones.
La Fiscalía ya solicitó al juzgado que remita el pedido de desafuero del legislador.
El caso de Buzarquis se trata de un problema de filiación, que se inició en el 2015 cuando Claudia Silvero solicita al parlamentario el reconocimiento de su hijo y la pensión alimentaria correspondiente. El legislador decidió establecer una demanda por extorsión y la mujer fue imputada.
Posteriormente, Buzarquis termina reconociendo al niño, luego de que su propio secretario Luciano Acosta, haya registrado como suyo al niño.
Silvero denunció que el legislador manipula el Registro Civil, que fue intervenido por este hecho.
CHICANAS. Otro de los hechos sonados que sigue en esferas judiciales involucra a un diputado, es el del colorado José María Ibáñez, quien está acusado por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
El legislador hizo figurar como funcionarios de la Cámara Baja y les pagó el salario con dinero del Estado a sus caseros Fabio Hernán Gómez Chamorro, Éver Isaac y Viviana Patricia Falcón Valenzuela, quienes también fueron imputados.
La causa de Ibáñez lleva más de dos años de suspenso, debido a las innumerables chicanas que plantea. En total ya fueron cinco las ocasiones en que se suspendieron procedimientos.
Otro diputado colorado envuelto en problemas con la Justicia es Óscar Núñez, imputado tres veces por presuntos hechos de corrupción durante su gestión como gobernador de Presidente Hayes.
Fue desaforado una vez y un segundo pedido de desafuero sigue pendiente de su aprobación en la sede legislativa.
La imputación fue presentada por el fiscal anticorrupción Martín Cabrera y es por el delito de lesión de confianza.
La Fiscalía lo responsabiliza por un perjuicio patrimonial de G. 3.600 millones, al que se suman dos acusaciones por un presunto perjuicio total de más de G. 31.000 millones, también en la Gobernación.
PENDIENTE. Otra causa que sigue esperando su definición es la que le involucra al diputado liberal Milciades Duré.
La fiscala Victoria Acuña imputó al legislador por lesión de confianza, al igual que a todos los miembros del Consejo del Indert, por una supuesta compra sobrevaluada de las tierras a la empresa San Agustín, por parte del ente rural. Presumiblemente, se cometió un daño patrimonial contra el Estado por valor de G. 60.000 millones. Duré, como gobernador de Cordillera, formó parte de la Junta Asesora y de Control del Indert, y como miembro, firmó la autorización para la compra del citado inmueble. Esta compra se dio durante la presidencia de Federico Franco, supuestamente para lograr la unión del Partido Unace con el PLRA para las elecciones del 2013.