Ayer, concejales de diferentes bancadas que integran una comisión ad hoc creada para esclarecer esta situación, que en principio condena a la institución municipal a pagar USD 3,6 millones en concepto de indemnización, se reunió con el abogado Julio González Giménez, profesional que formó parte de la defensa del Municipio en este polémico caso.
A ese monto se suman USD 1 millón, que es el resultado de la regulación de honorarios que favorece a los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, quienes representaron a la firma encargada de la inspección técnica vehicular (ITV).
También participó del encuentro Emilia Yugovich, actual directora interina de la Dirección de Asesoría Jurídica, sobre la cual pesa un pedido de remoción en ese cargo aprobado en la última sesión de la Junta Municipal.
TESTIMONIO. El concejal Carlos Arregui indicó que el abogado González Giménez admitió ser quien patrocinó el escrito de apelación, pero que el Manual de Funciones no determina que deba ser él quien lo lleve hasta la instancia judicial correspondiente.
Sostuvo que quien llevó materialmente ese documento hasta el Palacio de Justicia fue un funcionario menor, un ujier, cuyo nombre no trascendió, quien está incluido en un sumario innominado abierto en el ámbito de la Municipalidad de Asunción.
“Esto no queda claro. Es un juicio de valor, pero no cierra que en un caso polémico en donde estaba el centro de atención de la opinión pública de por medio se envíe solo a un ujier”, cuestionó.
Dijo además que “aquí se da a entender que las instrucciones finales sobre la presentación de este documento las da el director de Asesoría Jurídica, que en este caso y en ese entonces era el abogado Enrique García. Es categórico que toda la responsabilidad apunta a él”, precisó el edil.
TRÁMITE. Por otra parte, Arregui informó que el próximo martes 15, junto a los demás integrantes de la comisión investigadora, se constituirán en el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para ver quién es el fiscal designado para atender esta causa.
“Queremos cerciorarnos de qué es lo que se menciona en el escrito presentado en relación a este funcionario de rango menor, que sería quien llevó materialmente el documento de apelación”, expresó finalmente.