En la reunión que mantuvieron la semana pasada los presidentes de Argentina y Paraguay, acompañados de algunos de sus ministros y de los gobernadores de la frontera común que comparten ambos países, se reconoció que un tema como el narcotráfico hacía como ocho años que no se trataba como un asunto bilateral prioritario.
Un par de días antes, la prensa regional informaba con gran despliegue el escandaloso caso de la banda desbaratada en Itatí, provincia argentina de Corrientes, con la detención del intendente de esta ciudad, policías y, en total, 22 personas involucradas en el tráfico de drogas. Los titulares hablaban de que 80% de la droga provenía de Paraguay y que desde diciembre último se incautaron ocho toneladas de marihuana en Itatí.
Está de más decir que sin la complicidad local de la policía y las instituciones involucradas en el control del paso fronterizo, la mercancía no llegaría hasta allí y otros puntos de la región. El lunes, en plena ruta 2, en la ciudad de Itauguá, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) persiguieron y detuvieron a un camión que transportaba más de 74 kilos de marihuana (en panes), provenientes de Bolivia y que –dijeron– tenía por destino el Brasil, vía Ciudad del Este.
Un largo recorrido en el curso del cual deben sortear varios puestos de control, por lo que se ve, completamente permeables al dinero del narcotráfico.
De hecho, en el caso desbaratado el lunes, aparece implicado un policía retirado y quién sabe cuántos otros del servicio activo lo estarán.
La ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrrich, anunció una serie de acciones conjuntas que realizarán los sistemas de seguridad de su país con los del Paraguay para combatir este robusto negocio ilícito que funciona campante intra Mercosur y que –según frecuentes casos– trasciende la región y llega a otros mercados de todos los continentes.
No hay que perder de vista que el 70% de los paraguayos presos en las cárceles del mundo lo están por tráfico de drogas. Algunos en lugares tan distantes como Turquía, China o Corea.
Cuando las propias autoridades reconocen que por más de ocho años dos países vecinos dejaron de reunirse específicamente para abordar problemas transfronterizos como el narcotráfico, es fácil comprender por qué esta actividad creció tanto que cooptó a autoridades locales, regionales y nacionales. Cobró estado de narcopolítica.
Ya no solo financia campañas electorales y candidatos, sino que tiene plena participación en la misma política. Coloca a sus propios candidatos para llegar a las instancias del Estado, proteger sus actividades, ampliar la producción y actuar con impunidad.
Por eso, además de Argentina y Paraguay, también Brasil, Bolivia y Uruguay deben unirse con urgencia al abordaje conjunto de este asunto y afrontar los años de carta blanca que se otorgaron a los narcos de la zona.
