Son tres hospedajes que, en condiciones infrahumanas, se alquilan a familias indígenas, quienes por día pagan entre G. 5.000 y G. 10.000 para ocupar una de las piezas impregnadas de humedad e inmundicia.
“Recibí el informe, pero en este momento viendo la presencia de funcionarios municipales nos pidieron que no se intervenga aún”, explicó Julia Benítez, directora de dicha dependencia municipal, sobre el pedido que les hiciera desde la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).
Desde esa cartera de Estado, les solicitaron posponer la intervención de los establecimientos en virtud a que se encuentran en proceso de llevarles víveres –el pedido unánime de los nativos– que son proveídos por el Instituto Nacional del Indígena (Indi) para después reubicarles en sus comunidades situadas en Caaguazú, Canindeyú y San Pedro. “Ellos van a hacer un retiro de los indígenas que se encuentran allí y los llevarán a sus comunidades de origen”, refirió Benítez sobre el operativo que están coordinando con el Indi la Codeni junto con la Dirección de Pueblos Originarios de la SNNA.
Una vez que las familias nativas sean sacadas, los de la Comuna –declaró– ingresarán en compañía de la Fiscalía y la Policía Nacional para proceder al cierre de esos inmuebles.
Verificarán la situación de insalubridad en que eran alquiladas esas viviendas y después se pasará al ámbito penal como causa de explotación o abuso a los nativos. “Tenemos que ver in situ las infracciones en el aspecto legal porque se puede hablar, inclusive, hasta de explotación porque sí o sí tienen que tener una suma determinada para seguir ocupando esos lugares”, refirió.
Buscarán identificar, a través de la Dirección de Catastro del Municipio, a los responsables de esos inmuebles. Pueden ser propietarios, encargados o personas que subalquilan esas viviendas. “Generalmente, toman casas abandonadas, con muchos años de deuda de impuestos; tenemos varias experiencias con el tema de los prostíbulos”, apuntó sobre el hecho de que no siempre son los dueños reales quienes explotan ese tipo de lugares.
Vamos a esperar porque primero van a retirarles a los indígenas y después vamos a clausurar. Julia Benítez, de Defensa al Consumidor.
“Vienen por necesidad de alimentos”
Margarita Lesme, coordinadora de la Dirección de Pueblos Originarios de la SNNA, relató que solo aguardan que el Indi les provea de los víveres que reclaman las familias indígenas para poder realizar el segundo paso que sería la reubicación a sus comunidades de origen. La mayoría vino a la capital en busca de alimentos; “no es que fueron expulsados de sus comunidades” como ocurre en varios casos, “sino que vinieron por necesidad, no tienen qué comer”, apuntó.
Desde la semana pasada, están articulando acciones con el órgano rector del sector para poder dar asistencia a estas familias cuyos requerimientos, en un 100% es de víveres. “Todos manifiestan que vienen a la ciudad por necesidad de alimentos. No tienen lugar para recolectar ni para plantar en sus comunidades”, refirió Lesme al precisar que provienen de diferentes comunidades de los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y San Pedro.
Fluctuante. Junto a la Codeni, la SNNA censó a los nativos que se encuentran tanto en la zona de la Terminal de Ómnibus como frente al Indi. Identificaron, de momento, 11 familias viviendo en algunos de los alquileres que serán clausurados por la Comuna capitalina. Entre los cuales, registraron a 17 niños y adolescentes. “Esta cantidad es muy fluctuante porque a veces están en la calle y no le registramos”, aclaró.
Frente al Indi censaron a 32 personas, 12 adultos y 20 niños y adolescentes. Solo cinco menores de edad estaban sin sus progenitores y se llegó a un acuerdo con ellos para ser trasladados al albergue Kuarahy Rese, de la SNNA, en San Lorenzo.