El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó ayer una nota a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que rechacen la acción de inconstitucionalidad solicitada por la empresa Global System SA con relación al Decreto Nº 1635/1999 y la Resolución Nº 385/2011 que establece que todos los productos a ser comercializados dentro del territorio nacional deben contar un registro sanitario, y que se revoque el escrito de demanda A I N° 3674 que hace lugar a la suspensión de efectos de ambas normas.
La Corte Suprema de Justicia decidió el 4 de noviembre pasado suspender ambos decretos mientras estudia la acción de inconstitucionalidad solicitada por la empresa Global System SA. Esta disposición implica que la compañía puede importar sin registro sanitario hasta que se resuelva la inconstitucionalidad. El registro sanitario es uno de los principales requisitos para comercializar alimentos.
Esta situación alarma a las autoridades sanitarias. La doctora Laura Mendoza, titular del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), espera que se revea la medida porque la situación afectaría a la salud de la población. “Es la única medida sensata que se puede tomar porque estamos poniendo en riesgo la salud de todos los paraguayos”. Mientras, Global Sytem ya está trayendo productos, lamentó.
El Ministerio de Salud argumenta en la nota acerca de los peligros que se expone a los consumidores con la comercialización de productos sin ningún control sanitario como ser intoxicaciones y hasta casos fatales. “Si llega a pasar algo y se encuentra en el mercado, no vamos a saber de dónde provino, dónde se está vendiendo, ni de qué lote es. Si viene con metales pesados o toxinas, eso puede generar que alguien llegue a fallecer. Esto será un caos. Está dejando indefensa a la salud de la población”, explicó Mendoza.
POSICIÓN. No solo Salud Pública está preocupada, también los importadores y comerciantes del país. Al respecto, Hugo Royg, presidente de la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba), expresó que llama la atención la medida porque “básicamente es una limitación absoluta de las competencias institucionales del sector público. ¿Qué competencias? De velar por el correcto funcionamiento del mercado y de cuidar la salud de las personas”.
Señaló que desde la organización pide a la Corte Suprema de Justicia que revea su decisión. Sostiene que el impacto de la medida es que en Paraguay no existen los derechos de propiedad y no se garantizan el derecho de consumo saludable. “El impacto es muy elevado y en consecuencia muy peligroso. Creemos que una medida como esta debería ser revisada inmediatamente porque las consecuencias pueden ser nefastas para la salud y la economía. Es una vía libre a la informalidad”.
