La fiscala del caso, Ana Girala, confirmó que la denuncia de parte del MEC llegó a las 13.00, antes de la asamblea estudiantil y también antes de que la ministra en funciones, María del Carmen Giménez acudiera a la institución para intentar una última tregua.
Giménez afirmó en un comunicado que personas externas a la institución educativa están interviniendo en la toma. Los jóvenes aseguran que todas las decisiones son autónomas y se realizan a través de una asamblea.
Al caer la noche, el conflicto se agravó con la presencia de efectivos policiales. La opinión de padres y alumnos se mantiene dividida. Algunos apoyan la medida de fuerza y otros exigen que acabe. Precisamente el manejo de la cooperadora escolar (ACE) por parte de los padres es uno de los principales problemas que denuncian los secundarios, que hablan de supuestas irregularidades en el manejo de los recursos.
El Ministerio alegó que el pedido de intervención fiscal se realizó en defensa de los propios jóvenes que están en situación de riesgo. “Apelamos al diálogo; lastimosamente los alumnos se han mantenido intransigentes”, agregó Giménez, la ministra en ejercicio.