Durante el mes que está por comenzar se cumplirán dos años del plazo establecido por el Tratado de Yacyretá para la renegociación de su Anexo C. Los adelantos en la materia, sin embargo, han sido prácticamente nulos. En gran medida, por la falta de determinación del Gobierno argentino, entonces encabezado por la señora Cristina Fernández de Kirchner –como en su momento por su esposo Néstor– de ajustar la exorbitante deuda que la entidad mantiene con el Tesoro del vecino país.
Esta semana, sin embargo, se dio un paso alentador. El nuevo director argentino de la EBY, Humberto Schiavoni, admitió que deben eliminarse “todas las distorsiones que el transcurso del tiempo ha proyectado sobre la ecuación económica financiera de Yacyretá”. En efecto, esa desfiguración se debe, en principalísima medida, a la exorbitante deuda que, hasta la manifestación de estos dichos del alto funcionario argentino, el vecino país atribuía a la entidad, haciéndola superar los 18.000 millones de dólares, mientras que Paraguay, basado en precisos cálculos formulados con justificación técnica, sostiene que el monto se reduce a un tercio de esa descomunal cifra.
Como bien dijo el señor Schiavoni, y así lo ratifican hechos que son de público conocimiento, el nuevo presidente argentino, el ingeniero Mauricio Macri, está desplegando ingentes esfuerzos tendientes a recomponer las relaciones bilaterales de su país con sus naciones vecinas. Es meritorio este esfuerzo de otorgarle un enfoque más constructivo a la vinculación diplomática que Buenos Aires mantiene con sus socios de la región y sus aliados del resto del mundo.
Esto pudo percibirse hace poco, cuando los cancilleres de Argentina, Susana Malcorra, y del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, mantuvieron un encuentro que precedió a la reunión de Macri con Tabaré Vázquez, en Colonia, destinada a superar altas rispideces existentes entre Buenos Aires y Montevideo bajo las presidencias del matrimonio Kirchner, como el dragado de ríos compartidos.
Paraguay no está reclamando, en el ámbito de la EBY, más de lo que le corresponde en estricta justicia, a saber: plena cogestión, pago puntual por la cesión de energía no consumida, adecuación de la deuda a su monto justo, y feliz término de las negociaciones del Anexo C. El Gobierno argentino no debería olvidar que Paraguay ha puesto el 80% del territorio inundado por el embalse de la represa para que su país pueda gozar de mayor producción de la energía eléctrica que perentoriamente precisa para su consumo interno, y que el precio del producto al que nuestro país es forzado por el tratado a venderlo y/o cederlo es irrisorio si se lo compara con las sumas manejadas en el libre mercado.
En tanto y en cuanto estos presupuestos no se cumplan, el Gobierno paraguayo debe mantenerse inalterable en su posición de no avanzar en la construcción de nuevas obras de aprovechamiento hidroeléctrico, ni en Yacyretá ni mucho menos en el remanido plan de Corpus. Sin embargo, ahora parece ser que con el nuevo espíritu vigente desde la llegada del ingeniero Macri a la Presidencia un entendimiento mutuamente provechoso será alcanzado en breve.
