“Deberíamos asegurar a las compañías que, mientras estamos dando la señal de que no debería haber evasión fiscal o permitirse jugar con la transferencia de beneficios, al mismo tiempo garantizamos que habrá mecanismos para resolver las disputas y claridad fiscal”, dijo el ministro de Finanzas maltés, Edward Scicluna, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE y acogió la reunión.
Este debate se enmarca dentro de la iniciativa internacional promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 sobre la Erosión de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS, en inglés), que guía los esfuerzos globales en materia de lucha contra la evasión fiscal y trabaja también sobre el concepto de certidumbre fiscal.
“Hemos consultado a 700.000 empresas y nos han dicho que la cuestión central es la certidumbre (...) Necesitan saber si pueden hacer hoy su inversión y tener claridad sobre lo que ocurrirá más adelante”, indicó el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, que participó en la reunión.
Con esta idea en mente, las acciones debatidas por los ministros se centraron en mejorar y clarificar la legislación fiscal de la UE, introduciendo cambios menos frecuentemente, fijando plazos razonables para que los Estados estudien su impacto y las implementen o reforzando la formación de los funcionarios del fisco y la administración de justicia.
“Tenemos que dar la certeza de que no cambiaremos las normas cada cinco minutos especialmente en el entorno actual”, dijo el titular belga de Finanzas, Jan Van Ortveldt.
Por su parte, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, defendió durante la reunión que esta certidumbre es “necesaria” porque “facilita el cálculo económico que hacen los inversores, familias y consumidores”.
Asimismo, los ministros abogaron por la introducción de pactos fiscales (“tax rulings”) “transparentes y controlados” para reducir las disputas por motivos fiscales y por crear mecanismos de resolución de disputas efectivos para cuando se produzcan estos conflictos.
El vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis recordó que existe una propuesta en este sentido que esperan que los Estados miembros puedan aprobar antes de junio.
Por otra parte, los países defendieron la necesidad de empujar para que todos los actores internacionales implementen las recomendaciones sobre la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios de forma homogénea.
El temor de la UE es que sus avances en materia de lucha contra el fraude y armonización fiscal, que han ido más lejos que los del resto de potencias, puedan jugar en contra de su competitividad si otros actores, aprovechando que la BEPS no fija estándares mínimos, deciden tomar menos acciones o directamente no hacer nada.
La cuestión se ha planteado de forma más evidente tras la llegada de la Administración estadounidense de Donald Trump, que ha mostrado una tendencia a la desregulación, y ante la futura salida del Reino Unido de la UE, que podría como país tercero optar por una política fiscal agresiva como atractivo para atraer empresas.
Sin embargo, De Guindos subrayó que el Reino Unido reiteró durante la reunión su voluntad de seguir las recomendaciones de la OCDE.
En este contexto, los países se esforzaron en recalcar que este debate no supone un “intento de ralentizar la legislación fiscal” en materia de lucha contra el fraude que aún queda por negociar en la UE, en palabras de Scicluna.
“En los dos últimos años hemos logrado más avances que en las últimas dos décadas. Cuanta más lucha contra la evasión se hace más aumentan los ingresos por impuestos. Nuestra determinación por luchar contra la evasión permanece intacta”, insistió Dombrovskis.
En otro orden de cosas, los ministros debatieron también las posibilidades de reforzar la inversión privada en los países del norte de África, con la vista puesta en impulsar crecimiento y creación de empleo, como una forma de atajar también las causas de raíz de la inmigración desde ese continente.
En este sentido, destacaron la importancia de colaborar con instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial o el Banco Europeo de Desarrollo Regional para movilizar la inversión, pero también la necesidad de mejorar los marcos de gobernanza y el entorno empresarial en estos países.
