28 mar. 2024

Los miserables

Luis Bareiro – @LuisBareiro

No hay política más infame que prometer soluciones de fantasía para dramas dolorosamente reales y con el único fin de conseguir los votos de quienes los padecen. Es lo que están haciendo con trabajadores del campo, víctimas de la agonía de un modelo de producción, cuya magra rentabilidad los ahoga en deudas.

El último espejito se los vendió el Frente Guasu, un partido que se dice popular y que, sin embargo, no logra ver más allá de los intereses de cortísimo plazo vinculados con su dependencia enfermiza del ex presidente Fernando Lugo.

Desesperados por habilitarlo para un nuevo mandato, se habían sumado a la histérica campaña del presidente Horacio Cartes por conseguir la reelección. No solo fracasó el plan, el connubio destruyó la imagen de quienes debían ser –en teoría– la contracara de un gobierno de derecha.

Lejos de aprender del error, Lugo y sus acólitos se metieron aún más en el lodo operando con el oficialismo y el llanismo decadente para cambiar inconstitucionalmente a los representantes del Congreso ante el cuerpo colegiado que elegirá la terna de la que saldrá el próximo fiscal general del Estado. Así, a cambio de presidir el Senado por unos meses, Lugo y los suyos facilitaron a Cartes el control del Ministerio Público por otro lustro.

Para salir del foso abisal en el que se metieron con esos acuerdos, el Frente Guasu armó ahora un disparatado proyecto de ley con el que prometen a miles de campesinos financieramente desahuciados un salvavidas de ficción. Con la complicidad de los demás senadores de la disidencia colorada y de la oposición –que no se animan a enfrentar racionalmente la desesperación legítima de los productores– sancionaron un proyecto según el cual el Estado deberá pagar hasta 53 millones de guaraníes de la deuda vencida de todo productor que tenga una finca de hasta 30 hectáreas. Cualquiera que reúna los requisitos puede acogerse a la ley. Lo que no dice el proyecto –porque nadie lo sabe– es cuánto dinero se supone que deberá pagar finalmente el Estado para cubrir todas esas deudas y, lo que es más importante, de dónde saldrá la plata.

Cálculos conservadores hablan de no menos de 150 millones de dólares. Tampoco se sabe a quién beneficiará en definitiva la ley porque los propios productores revelan que sus deudas fueron compradas por empresas privadas o concedidas por estas bajo la figura de venta de electrodomésticos o motos, un típico mecanismo de la usura.

El proyecto deberá ser tratado en Diputados. A los campesinos que ya estaban en Asunción se sumarán otros miles entusiasmados ante la posibilidad de que el fisco pague sus deudas. Es la promesa de un billete premiado de lotería para cada uno.

Por supuesto, ni Lugo ni ninguno de los irresponsables que aprobaron esta farsa deberán poner un guaraní de sus bolsillos ni hacerse cargo de la inconmensurable frustración que provocará en esos miles de productores descubrir que la ley es de cumplimiento imposible.

Ellos serán los héroes y la realidad y quienes deban administrarla, los villanos.

Nada revela mejor cuán miserable puede ser un político en un periodo preelectoral.

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