El 25 de noviembre de 1842, el Congreso General Extraordinario de la República del Paraguay firmó, sancionó y promulgó el Acta de la Independencia Nacional, que dice: “Considerando: Que nuestra emancipación e independencia es un hecho solemne e incontestable... que la República del Paraguay se segregó con sus esfuerzos de la metrópoli española para siempre; también del mismo modo se separó de hecho de todo poder extranjero, queriendo desde entonces con voto uniforme pertenecer a sí misma; y formar como ha formado una nación libre e independiente bajo el sistema republicano sin que aparezca dato alguno que contradiga esta explícita declaración (…). Que consecuente a estos principios y al voto general de la República para que nada falte a la base fundamental de nuestra existencia política... declaramos solemnemente (…). Segundo: Nunca jamás será el patrimonio de una persona, o de una familia”. (http://bit.ly/2fS6FJG) (http://bit.ly/2gbLymo).
Las resoluciones del Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842 son documentos vigentes y, como no podía ser de otra manera, algunos se encuentran refrendados por nuestra Constitución: Su Artículo 1 repite, por ejemplo, el Artículo primero del Acta de Independencia y el Artículo 139 de nuestra Carta Magna estipula que la tarea del Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842 debe ser completada en lo que corresponda.
Menciono todo lo anterior y en especial el Artículo Segundo del Acta de nuestra Independencia porque tengo la impresión de que los integrantes del movimiento de Horacio Cartes en la Asociación Nacional Republicana, Honor Colorado, la ignoran, la olvidan o, peor, la pasan por alto, pues están dando a la familia Cartes, y, en particular, a Horacio, la impunidad que necesita para comprar una buena parte de los bienes y servicios que proveen al producto interno bruto de nuestra República convirtiéndola, por tanto, en un poder desequilibrante económica y políticamente.
Los gerentes de Cartes, Juan Carlos López Moreira, Francisco Barriocanal, Osvaldo Salum, José Ortiz y los demás deberían ya estar siendo investigados por la Fiscalía, en virtud de las leyes vigentes 2523/04 (arts. 7 y 8), 2880/06 (art. 9) y el artículo 315 del Código Penal, pero, extrañamente, ningún fiscal ve nada de lo que afecte al grupo Cartes.
Los integrantes de Honor Colorado nos quieren convertir en la Nicaragua de la dinastía Somoza, donde la familia presidencial regía todos los negocios; nos quieren convertir en el Haití de los Duvalier, donde la familia presidencial era propietaria de lo importante; nos quieren convertir en un remedo pobre de Arabia Saudita, donde hasta el país lleva el nombre de la familia dominante, los Saud.
Lilian Samaniego quiere a Cartes para siempre (http://bit.ly/2gt7EDT), su vocación servil es asombrosa. Pedro Alliana no tiene más aspiración que obedecer a Horacio (http://bit.ly/2dfZQSI).
Los integrantes de Honor Colorado que están en el Congreso están impidiendo que las cámaras legislativas indaguen lo que los fiscales se niegan a ver.
De hecho, los integrantes de Honor Colorado están ya montados en la operación de lograr que nuestra Corte Suprema emule a la nicaragüense en prevaricar un fallo esperpéntico para habilitar a Cartes a seguir en el poder, del mismo modo en que la centroamericana permitió a Daniel Ortega restaurar el régimen dinástico en su país.
Triste destino espera a nuestros hijos si los cartistas logran su objetivo: Vivir en el feudo de un potentado, a merced de su buena voluntad.