En la penúltima sesión de la Cámara de Diputados, el proyecto no logró ser estudiado en particular, aunque ya había sido aprobado en general.
El objetivo de la ley es garantizar a las familias, en situación de pobreza extrema, el derecho a una calidad de vida digna, como derecho humano fundamental. También definir la eliminación de la pobreza extrema como prioridad de la política pública de desarrollo social y que estén contemplados en el Presupuesto General de la Nación.
El programa abarcaría a las familias rurales, urbanas e indígenas que cuenten con ingresos inferiores a la línea de la pobreza extrema calculada con relación a la cantidad de sus miembros. Las metas propuestas consistirían en garantizar asistencia en un periodo máximo de cinco años, a cada familia en esta condición.