Para los cargos de confianza en las instituciones públicas, la Ley 1626/00 de la Función Pública permite que las personas ingresen sin concurso previo, considerado este un privilegio, atendiendo que el resto de los funcionarios que permanecen como contratados deben concursar para ingresar y para ser nombrados.
En contrapartida, quienes ingresan a un cargo de confianza no tienen la estabilidad y duran el tiempo de mandato de la persona que las nombró, pero llegan a ganar salarios más jugosos que los antiguos y nombrados.
En el caso del Instituto de Previsión Social (IPS), permanecen el tiempo del periodo presidencial y una vez concluido deben ser cesados del cargo y la institución. “Las mismas tendrán una vinculación no permanente sino temporal por el tiempo del mandato de quien las contrata”, explica Armando Rodríguez, gerente de Desarrollo y Gestión del IPS.
Estas personas no están exentas del registro de marcación o las sanciones que están establecidas en casos de ausencia. No requieren profesión, sino la formación básica como el bachiller en el caso de la asistente. En su categoría solo recibe el salario establecido, en el caso de Celmi Jeruti Ferreira que desde el 31 de marzo ingresó como nombrada para asistente de secretaria privada del consejero Juan Torales.
Desde este fin de mes percibirá un salario de G 5.102.465 con horario de 7.15 a 14.15 en Caja Central. En la marcación en los primeros días de trabajo de Ferreira figuran varias llegadas tardías de la asistente y horas puntuales de retiro de la institución. Ayer, ÚH intentó de nuevo conversar con ella en su lugar de trabajo, pero no accedió al pedido, tampoco el consejero Juan Torales.
“Figura como permanente en su categoría porque se le da una asignación en la línea presupuestaria, porque no se puede liquidar su sueldo sin una línea de presupuesto de cargo permanente”, explicó Rodríguez sobre Ferreira.
Enfado. El nombramiento de la secretaria creó molestias y críticas entre el gremio sindical de IPS, ya que para lograr el nombramiento el personal debe someterse a concurso previo aunque tenga antigüedad, explicó el dirigente sindical Adán Ovelar. “Nos indigna que la persona que tendría que evitar este tipo de situaciones y defender el derecho de los trabajadores, en el sentido que haya una equidad e igualdad en los requisitos para ser nombrados y salarios en el acceso a los cargos públicos, es quien incentiva este tipo de situaciones injustas”, puntualizó.