“La venganza es un plato que se sirve frío”, reza un antiguo proverbio, que han adoptado con paciencia siciliana.
Aguantaron y esperaron. Al principio prefirieron llamarse a un forzado silencio, mientras veían cómo miles de ciudadanos y ciudadanas salían a las calles y a las plazas, con banderas tricolores y rollos de papel higiénico al viento.
Aguantaron las críticas y las sátiras. Aguantaron que se les cierren las puertas de bares y restaurantes, de tiendas y peluquerías, de shoppings y supermercados. Más de uno o una tuvo que abandonar locales comerciales en medio de gritos y abucheos, mientras la escena quedaba grabada en las cámaras de los teléfonos celulares, para multiplicarse luego en redes sociales de internet. Hasta eso, aguantaron.
También aguantaron la exhibición de carteles que les negaban las entradas en más de un centenar de lugares, con sus nombres y sus fotos. Alguno intentó defenderse o dar su versión, pero al ver que solo provocaban reacciones más airadas de la gente, prefirieron cambiar de táctica y actuar a ser humildes, ensayando distintos modos de disculpas.
Lo que más les dolió es que tuvieron que borrar con el codo lo que habían escrito con la mano: los 23 senadores y senadoras que en principio habían negado el desafuero de su colega Víctor Bogado, para impedir que sea investigado judicialmente ante acusaciones de corrupción, finalmente –ante la creciente ola de indignación ciudadana– tuvieron que dar marcha atrás y sacarle el velo de impunidad, no solo a él sino a varios otros de sus colegas que también estaban en la mira de la Justicia.
Ocurrió en noviembre de 2013, el histórico mes en que la gente común descubrió que tenía un oculto poder para enfrentar a la todopoderosa, corrupta e impune clase política. Fue el llamado #15Npy. El “Despertar ciudadano” o el “Noviembre paraguayo”.
Ellos y ellas aguantaron y esperaron. En el fondo sabían que la indignación ciudadana “es como el alcanfor: tarde o temprano se disuelve en el aire”. Se fueron de vacaciones. Regresaron. Y cuatro meses después, en marzo de 2014, se cobraron su venganza.
¿Cómo lo hicieron? Simplemente, presionaron para que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, saque del cargo a quien dirigía las principales investigaciones contra los legisladores, el jefe de la Unidad Anticorrupción, Carlos Arregui. Ya está. El mensaje ha sido dado. Y aunque el fiscal general jure que es “un simple cambio administrativo”, las amplias sonrisas de felicidad que resplandecieron en la sala de sesiones del Congreso, lo desmintieron.
¿Será el final de la historia, o el comienzo de otra? El mismo grupo que inició el fenómeno de los indignados en noviembre, ahora convoca al #21Mpy, otra gran marcha ciudadana para el 21 de marzo, desde la Plaza Uruguaya hasta la Fiscalía. Habrá que ver cuánto queda de aquella indignación ciudadana ante esta grosera injerencia política en los terrenos de la Justicia.