Rivera Fernández, que dirigía el programa Transparencia, en radio Frecuencia Oriental, en Pucallpa, fue asesinado por dos sicarios que le dispararon en el pecho.
Un día antes del crimen, el periodista y también presidente de la Federación de Periodistas del departamento de Uyacali reveló en un programa de televisión los nombres de funcionarios públicos que supuestamente estaban involucrados en actividades ilícitas.
El próximo 25 de abril la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema decidirá si confirma o descarta el recurso de nulidad contra la sentencia que absolvió a Luis Valdés Villacorta, exalcalde de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, uno de los acusados como instigadores del asesinato del periodista.
Los autores materiales del asesinato fueron condenados. En mayo de 2012, Valdés Villacorta y Solio Ramírez Garay, exgerente de la Municipalidad de Coronel Portillo, fueron absueltos tras ser procesados como supuestos autores intelectuales del asesinato. Ambos habían sido mencionados en declaraciones periodísticas de Rivera Fernández por supuestas implicaciones en actos de corrupción.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, pidió a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema peruana, “sin ánimo de interferir en las decisiones de la Justicia”, que “resuelva con celeridad el recurso de nulidad, con la finalidad de que dicho crimen no quede impune”.
La SIP y el Consejo de la Prensa Peruana vienen dando un seguimiento continuo a este caso, que consideran emblemático. Ambas organizaciones han estado activas con el envío de misiones al lugar de los hechos, visitas a congresistas y otras autoridades, así como la organización de campañas públicas sobre libertad de prensa e impunidad y violencia contra periodistas.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en América. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, EEUU.
