Sus nombres en lengua guaraní tienen similitudes sonoras, pero sus historias no.
Entre lo que pasó en Curupayty, Ñeembucú, y lo que pasó en Guahory, Caaguazú, no solo hay una gran distancia geográfica de cientos de kilómetros, sino una gran distancia temporal de 150 años.
También hay una gran distancia en los valores que animaron a uno y a otro episodio. Una gran distancia en las ideas de patria y nacionalismo, de solidaridad y humanismo, en las maneras de entender la dignidad de un pueblo y de una nación.
La heroica Batalla de Curupayty se libró el 22 de setiembre de 1866, hace un siglo y medio, contra las tropas de Brasil, Argentina y Uruguay. No solo fue la victoria más resonante del ejército paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza, sino además fue una lección de estrategia militar y de ingenio criollo, en que unos 5.000 paraguayos lograron frenar y vencer a 20.000 invasores aliados. Gente dispuesta a dar la vida por defender la soberanía nacional contra quienes pretendían destruir el proyecto de un Paraguay independiente.
El vergonzoso desalojo de Guahory se ejecutó el 15 de setiembre de 2016, hace 9 días, contra unas 200 familias campesinas paraguayas. No solo fue la muestra más humillante de sometimiento de la Justicia, la Fiscalía y la Policía Nacional ante los intereses de un grupo de productores sojeros de origen brasileño, sino además fue una lección de despotismo y de corrupción, como se percibe en un video filtrado en el que el colono brasileño Jair Weber admite cómo siendo civil y parte del conflicto se le permitió acompañar el operativo desde un helicóptero que él asegura fue prestado por la Entidad Binacional Yacyretá.
El mismo colono que reveló al corresponsal de Última Hora, Robert Figueredo, que unos 70 colonos le pagaron 200.000 dólares al jefe de Orden y Seguridad de la Policía en Caaguazú para que se ejecute el desalojo.
En Guahory, unas 2.300 hectáreas de tierra habían empezado a ser colonizadas hace más de 20 años por familias agricultoras paraguayas. Esas mismas tierras fueron luego adquiridas por colonos sojeros de origen brasileño, en muchos casos en forma fraudulenta a través del Indert.
De las 97 fincas, 67 están en proceso de expropiación para favorecer a las familias paraguayas, pero la Justicia, la Fiscalía y la Policía decidieron ignorar ese proceso.
Respondiendo a los intereses de los colonos sojeros, a cambio de dinero, arrasaron los ranchos y las chacras de sus compatriotas, y los dejaron en la calle.
Son denuncias muy graves, que deberían ser debidamente investigadas y sancionadas, pero cómo hacerlo, si quienes deben intervenir para hacer justicia son precisamente los principales acusados de cometer tamaña ilegalidad e injusticia.
Y mientras hacen todo lo contrario, las autoridades les rinden homenaje a los defensores de Curupayty...
