La comitiva, encabezada por el fiscal de Curuguaty, Jorge Romero, ingresó a la institución aproximadamente a las 10.30 en busca de documentos referentes a adjudicaciones y licitaciones ganadas por las empresas Fortaleza y 8 de Diciembre. En horas de la tarde prosiguieron las intervenciones.
Fueron requisadas documentaciones desde el año 2013 hasta el 2015, según manifestó el fiscal Romero. Se trata de documentos sobre obras ejecutadas presuntamente en forma deficiente.
De igual forma, la comitiva se llevó el libro de actas de sesiones de la Junta Departamental, donde figura que el 13 de marzo del 2015 dos concejales se han opuesto a la aprobación de las obras ejecutadas en el 2014. También se menciona la supuesta “construcción” en tres ocasiones de un mismo puente.
VARIOS HECHOS. “La denuncia abarca varios hechos, entre ellos enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y lavado de dinero”, remarcó el fiscal Romero. También señaló que la unidad a su cargo ya solicitó informes a la Seprelad a fin de saber si algunos de los investigados realizó alguna transacción “llamativa”.
Según el fiscal, existen varias personas más involucradas en el caso, como familiares y presuntamente testaferros del gobernador Noria.
Las documentaciones obtenidas en esta sede ya equivalen al 80% de todo lo que el Ministerio Público necesita para sostener una eventual imputación contra Alfonso Noria y sus posibles cómplices y prestanombres, señalaron ayer fuentes judiciales.
BICAMERAL. La denuncia fue presentada en agosto del año pasado, luego de que la Comisión Bicameral de Investigación –que se formó a raíz del crimen del periodista Pablo Medina– encontrara varios indicios de enriquecimiento ilícito de Noria. Desde entonces, el fiscal Romero ya pidió informes a distintas entidades, como la Superintendencia de Bancos, sobre caja de ahorro y cuenta corriente en dólares, guaraníes y tarjetas de crédito del gobernador.
También pidió informes a la Municipalidad de Curuguaty, para determinar si es contribuyente de impuesto inmobiliario y si lo es, el monto que abona, y a la misma institución sobre el total percibido en carácter de remuneración como intendente de la ciudad durante el periodo 2006 a 2010.