Fernández alega que el actual magistrado, el juez federal Ariel Lijo, no debe continuar al frente del expediente porque incumple las “reglas de procedimiento” judiciales, según informó a Efe Alejandro Rúa, uno de los abogados de la expresidenta.
Rúa explicó que la petición se había presentado ya varias semanas atrás y este martes comparecieron en los tribunales para presentar sus argumentos, uno de los últimos pasos necesarios antes de que se dicte una resolución sobre la reclamación.
Se investiga si, como denunció Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su casa en circunstancias aún por esclarecer, el Gobierno de Fernández encubrió a presuntos terroristas iraníes responsables de un atentado antijudío ocurrido en 1994, a cambio de mejorar las relaciones comerciales con el país persa.
Los abogados de Fernández alegan que este expediente debe estar en manos del mismo tribunal que investiga un presunto encubrimiento del atentado relativo a una primera fase de la investigación, en la década de 1990, en la que está procesado, entre otros, el expresidente Carlos Menem (1989-1999).
Además, alegan que, incluso de determinarse qué causas con similitudes se lleven en juzgados separados, la denuncia de Nisman nunca debería ser responsabilidad de Lijo porque estuvo durante un tiempo a cargo del primer caso y fue apartado.
Nisman se desempeñaba como fiscal en la investigación sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994.
Para el fallecido fiscal, el memorándum de entendimiento acordado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, garantizar la imposibilidad de juzgar a varios de los sospechosos de planear el ataque.
El memorándum nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
En una primera fase, meses después de la muerte de Nisman, la denuncia de encubrimiento había sido desestimada por los tribunales por “inexistencia de delito”.
No obstante, a finales del año pasado, la Justicia ordenó reabrirla y se asignó el caso al juez Lijo y al fiscal Gerardo Pollicita que ahora, tras el receso del verano austral, dan un nuevo impulso a la causa.
El cadáver de Nisman fue hallado el 18 de enero de 2015 con un disparo en la sien y los tribunales argentinos aún no han determinado si se trató de un suicidio, un suicidio inducido o un asesinato relacionado con el puesto que ocupaba, como sostiene la familia.
