Hay en los medios de comunicación frecuentes denuncias que reflejan la preocupación de la sociedad civil acerca del rol de la ética en la gestión pública. Es el caso de la renovación por 30 años más de la concesión de operación y explotación de la ruta 7 en beneficio del consorcio Tape Porã, una empresa vinculada con la familia del titular del Ministerio de Obras Públicas, siete años antes de que fenezca el contrato actual, mediante una ley cuya legitimidad fue puesta en entredicho.
También el hecho de que el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y responsable de la Comisión Energética Nacional sea accionista de una de las empresas más importantes de exploración de petróleo en el Paraguay, que ha motivado ácidas críticas del Parlamento y de los medios de comunicación. Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) alegue que los ministros no son considerados funcionarios públicos, interpretación dudosa que no es compartida por connotados profesionales del derecho, el conflicto de intereses y la incompatibilidad de funciones son indiscutibles.
De igual modo, cuando varias empresas privadas vinculadas contractualmente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones firman contratos con una compañía de seguros que es propiedad del jefe del Gabinete Civil, no está entre las mejores posicionadas según las calificaciones de la Superintendencia de Seguros, y cuya facturación ha crecido en forma exponencial durante esta administración, se puede presumir que el principio de la competencia fue alterado.
También fueron denunciadas compras de la compañía estatal de agua a una empresa vinculada al asesor económico del Gobierno.
Todos estos casos configuran una abierta alteración de los principios de la transparencia y de las normas anticorrupción. Está claro que el acceso privilegiado a informaciones del Estado pone a las empresas vinculadas en posición ventajosa frente a sus competidores en el mercado; que el tráfico de influencias constituye una forma de corrupción y que hay abierta incompatibilidad entre la función pública, que busca el bien común, y la actividad económica privada, que es motivada por el afán de lucro.
Otra dimensión preocupante de la función pública es la ineficiencia que perdura de periodos anteriores y se manifiesta tanto en la administración del Gobierno Central como en las gobernaciones y los municipios, a veces por falta de buena gestión, falta de planificación o escasez de recursos humanos y financieros, y en otras ocasiones simplemente por corrupción. Es el caso de las notorias deficiencias de las construcciones y amueblamientos de locales escolares, al punto de que los muros o tejados de varias escuelas llegaron a derrumbarse poniendo en riesgo la vida de los alumnos y profesores.
Otras escuelas y colegios carecen de instalaciones adecuadas para la enseñanza, lo que en muchos casos no obedece a la falta de recursos financieros, sino a la incapacidad de gestión y a la falta de transparencia en el manejo de los fondos. La débil gestión de los gobiernos locales limita considerablemente el alcance y el impacto de los recursos que el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) canaliza a los municipios para las tareas educativas. Sin duda alguna, las instancias municipales requieren de una coordinación más efectiva con el Ministerio de Educación y Cultura y una fiscalización más estricta de los organismos de control.
También la atención de la salud y la provisión de medicamentos e insumos hospitalarios son objeto de numerosas quejas. El gasto público en este sector ha aumentado, pero la cobertura y la calidad de los servicios de salud no se incrementaron en la misma proporción. La atención primaria de la salud ha perdido el empuje inicial y la preventiva sigue siendo una tarea pendiente.
Otro motivo de preocupación es la falta de planificación del desarrollo territorial. El fuerte crecimiento de las ciudades intermedias y principales ciudades cabeceras en las dos últimas décadas ha tenido lugar sin planes de desarrollo urbanístico y de transporte público, con el resultado del desorden urbano y el caos vehicular que hoy caracterizan a las metrópolis. Estas irregularidades se traducen en el auge de accidentes de tránsito, fenómeno exacerbado por la popularización del uso de motocicletas, la falta de un control más riguroso de las normas de circulación y la escasez de campañas de seguridad.
Es inquietante, además, el poco cuidado del medioambiente que se observa. Nuestro país ha destruido sus bosques y cuencas hídricas en forma muy acelerada a partir de la década de los ochenta y el nivel de polución ambiental y de degradación de los recursos naturales ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, las instituciones que deberían ocuparse del problema carecen de los recursos y personal necesarios para cumplir sus funciones.
En definitiva, hace falta que la gestión pública sea más eficiente, que esté enfocada en los objetivos de corto, mediano y largo plazo del desarrollo económico y social del país, y que no se aparte de los principios éticos inherentes a la función pública y el servicio civil. Pues, ni el aumento de la productividad de la economía ni el mayor bienestar de las mayorías sociales podrán ser alcanzados si la gestión pública se somete a los intereses privados de las personas que están en el gobierno de turno.
