La campaña presidencial del 2018 está centrada básicamente en la interna colorada. Por tanto, el discurso de los candidatos en pugna, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, son los que están en la vidriera mediática.
El debate se centra en dos aspectos: por un lado, los temas que generan polémica, el ruido, como la afiliación presurosa de Peña del PLRA a la ANR, o que Marito haya sido un fiel cartista que se pasó a la vereda de enfrente porque no fue elegido delfín.
En la cuestión más profunda, como la visión económica o social, no hay diferencias abismales, y el contrapunto se da en las formas. No hay quiebre de la postura conservadora de la ANR.
Pero donde realmente no existen diferencias (y quizá por ello podemos hablar de coincidencias) es en la ausencia en el discurso de la corrupción en la Justicia y la necesaria reforma judicial.
DIAGNÓSTICO CANCEROSO. La Justicia, la que debía ser la gran jueza neutral, justa, eficaz y principal verdugo de los culpables, después de la caída de la dictadura, en 26 años se convirtió en la defensora principal de los corruptos y terror del ciudadano común sin dinero ni contactos, que cae en la desgracia de quedar entrampado en la maraña de un pleito judicial.
Según el último informe de Competitividad del Foro Económico Mundial, la Justicia paraguaya está ubicada entre los últimos lugares de independencia judicial. Está en el puesto 132 de 138 países, ganándole por escasos puntos a Burundi, uno de los más pobres del mundo, golpeado por guerras civiles, y Venezuela, donde acaba de concretarse una dictadura.
En Paraguay, los administradores del Estado atribuyen la ineficacia de su gestión básicamente a carencias presupuestarias. Es la letanía eterna de cualquier alto funcionario que gerencia recursos del Estado.
Lo que no se aplica al Poder Judicial.
LOS DATOS. Un informe del Centro de Estudios Judiciales revela que la Corte Suprema de Justicia es la mimada del Congreso a la hora de distribuir el dinero en el Presupuesto General de la Nación. Del 2009 al 2016, creció 106%. Hace siete años manejaba G. 497.000 millones y en el 2015, su presupuesto trepó a G. 1 billón 25.000 millones.
O sea, recursos no les falta para impartir justicia.
Un indicador para medir el acceso a la justicia es la cantidad de jueces por cada 100.000 habitantes. En Paraguay, hay 1.198 jueces, es decir, 17 por 100.000 habitantes, cuando en la media regional oscila entre 10 o 12, o incluso menos. Por lo tanto, el país no está mal en la media de América Latina. Otro dato que derrumba el discurso que justifica la acumulación de casos en los despachos judiciales y pone al descubierto la verdadera razón del cajoneo: mover un expediente requiere aceitar la maquinaria corrupta.
Un dato revelador también señala que el costo procesal anual por cada habitante del país es de G. 4.300.000. Para simplificarlo, cada paraguayo aporta G. 350.000 mensual al Poder Judicial.
PROCESO. La Comisión de Reforma Judicial, donde participan los tres poderes del Estado y otros estamentos vinculados a ese poder del Estado, viene trabajando en los cambios para mejorar el sistema. En el ránking de obstáculos detectados para el acceso a la justicia figura en primer lugar la corrupción. La lista sigue con lentitud de procesos, costo de los procesos, falta de capacitación de jueces, falta de asistencia jurídica gratuita y, por supuesto, la falta de independencia judicial.
De aprobarse este megaproyecto legislativo, se habrá dado un paso crucial hacia la reforma de la Justicia, pero sería ingenuo pensar que solamente modificando la arquitectura legal, por acto de magia se logrará la institucionalización, la independencia, teniendo como columna vertebral la igualdad ante la ley.
Dos poderes del Estado son claves para iniciar el proceso de depuración e institucionalización: el Legislativo y el Ejecutivo. Ambos saben que una justicia independiente afecta especialmente sus intereses. El político dejará de tener a su fiscal, su juez y su ministro. Dejará de manejar la elección de jueces y dejará de ser el garrote a través del Jurado de Enjuiciamiento.
En estos cuatro años del Gobierno no hubo señales de pretender tomar ese camino.
La campaña presidencial ha entrado en calor y eso contamina absolutamente todo. Los tiempos ya no dan para semejante paso institucional.
Lo más preocupante es que ninguno de los candidatos, ya sean colorados, ya sean opositores, tienen como discurso central la reforma judicial.
Una omisión que habla mucho de ellos. Un silencio ensordecedor que vaticina la consolidación de un sistema que atenta contra la misma democracia.
Si no se toman los recaudos, más temprano que tarde, el país se convertirá en una cáscara institucional donde los políticos corruptos aliados con una Justicia débil, poblada por jueces venales, se alían para hacer trizas el estado de derecho.