25 abr. 2024

La Contraloría ratificó su postura de cancelar la APP del Aeropuerto

El ente contralor rechazó el recurso de reconsideración que solicitó el MOPC, que buscaba salvar el fallido proyecto, e insistió que la cartera debió precalificar a los oferentes. Ministro aún no se pronunció.

contraloria general republica.jpg

Sede central de la Contraloría General de la República, en Asunción.

La Contraloría General de la República (CGR) respondió ayer al pedido de reconsideración que solicitó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), respecto a la licitación para la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi. El ente contralor ratificó su postura de cancelar el proceso licitatorio que se lleva adelante vía alianza público-privada (APP).

En horas de la tarde de ayer, el contralor Enrique García remitió al titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, los dictámenes de tres direcciones de la CGR (licitaciones, jurídica y control de obras), que por unanimidad (ver facsímiles) rechazaron el recurso de reconsideración que solicitó Obras Públicas, que buscaba salvar el fallido proyecto que tiene al consorcio Sacyr-Agunsa (España y Chile) como virtual ganador.

El dictamen de la Dirección Jurídica de CGR expresó en el documento que el pedido de reconsideración de Jiménez Gaona “no agrega hechos nuevos que motiven válidamente la realización de un nuevo análisis jurídico, que pudiere –como es intención del recurrente– forzar la emisión de un criterio técnico-jurídico distinto”, respecto a los resultados de la auditoría.

Por su parte, la Dirección de Licitaciones del organismo contralor también se ratificó en la necesidad de una precalificación en un proyecto tan importante como el del aeropuerto. “La importancia de la precalificación es indiscutible para un proceso de contratación de esta envergadura, ya que garantiza la transparencia del proceso”, aseveró la dependencia.

Además, insistió que el proyecto, por su complejidad, debió precalificar a los participantes del llamado en cuestión. “La precalificación afianza los fundamentos en salvaguardar el interés público en la contratación en cuestión”, reza el dictamen.

Asimismo, la dirección aseveró que el propio Comité de Evaluación admitió que el proyecto es “complejo”, por lo que a criterio de la CGR se debió precalificar, como ocurrió en el caso de las rutas 2 y 7, que también se adjudicó a la española Sacyr.

Por su parte, la Dirección de Control de Obras de la CGR aseveró que el MOPC no cuestionó el informe técnico que elaboraron, por lo que se ratificaron en su misma postura.

ANTECEDENTES. Recordemos que la Contraloría, a través de una nota y tres dictámenes, recomendó en abril pasado a Obras Públicas que cancele el proceso; es decir, declarar desierta la licitación por sendas irregularidades detectadas, que el ministro Jiménez Gaona, en un comienzo, prometió cumplir. Fue el resultado de una auditoría que se realizó a pedido de algunos parlamentarios.

Sin embargo, el titular del MOPC pisó su palabra y realizó un pedido de reconsideración y revocación del dictamen de la CGR, que de nuevo recomienda la cancelación. Pese a que las recomendaciones del ente contralor son obligatorias para las instituciones, a criterio del contralor Enrique García, ahora está en manos de Jiménez Gaona cumplir con lo que, por segunda vez, prometió, que es cancelar la cuestionada APP.

Vale señalar que el propio presidente Horacio Cartes comentó a periodistas que estaba por abortar el proceso.

La APP del Aeropuerto requiere de una inversión de USD 149 millones, que la firma adjudicada debe invertir en tres fases, dependiendo del crecimiento de pasajeros. La ganadora debe administrar la terminal aérea por 30 años.

Embed


LOS PUNTOS QUE CUESTIONA LA CONTRALORÍA

1 Poca seriedad. La Ley APP da la potestad al MOPC de realizar o no el proceso de precalificación. Para la Contraloría, que se haya obviado la precalificación en este llamado es motivo suficiente para declarar desierta la licitación.

2 Desorden. La ley establece que no podrán ser oferentes las personas que tengan procesos judiciales solo en el país, mientras que en el pliego se estableció que no podían ser oferentes los que incumplan en su país de origen.

3 “Ayuda” a Sacyr. El dictamen de la Dirección Jurídica de MOPC violó el pliego de la licitación, porque no pidió informes a la española Sacyr para verificar sus antecedentes de incumplimiento en Murcia, España, que es lo que se estableció.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.