La Resolución 129/15 que estipula la realización del examen especial a la ejecución de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de royalties, compensaciones y Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) afecta a las administraciones de Juan Schmalko, Joel Maidana y Hugo Barreto.
El contralor interino, Roy Rodgers Canás, designó a los auditores Karen Vera y Enrique José Coronel como jefes de equipo para los trabajos correspondientes al ejercicio fiscal 2013, a Ruth Benítez y Nidia Peralta para el 2014, y a Mario Arévalos y Luis Roberto Peña para el 2015. La supervisión está a cargo de Marta Benítez de Sánchez y la coordinación de Tomás Servín Marín.
Según la disposición, la investigación puede ampliarse a otros objetos de gastos como a otros periodos, conforme al desarrollo de los trabajos en la Comuna. El pedido de auditoría fue realizado por el intendente Luis Yd, tras hallar una serie de irregularidades al asumir la administración. Además, la Junta Municipal reiteró el pedido días atrás.
Irregularidades. Según viene denunciando ÚH, el ex intendente Joel Maidana adjudicó la provisión de combustible a la firma Nogal del Paraguay SA, por 4.399 millones de guaraníes. Esta empresa pertenece a Adolfo Medina, un ex juez de Faltas de la Comuna y amigo cercano de Maidana, mientras que su representante legal es Delia Estela Medina, quien se desempeñaba como funcionaria municipal al momento de la adjudicación.
La antigua administración también decidió otorgar la exclusividad en la venta de publicidad en las playas a Puerta del Sur SA, sin llamarse a una licitación. El dueño de esta compañía es Juan Andrés Szopa, primo del entonces director de Playa del Municipio, Jorge Parzajuk Szopa.
Días atrás saltaron documentos que revelan que Parzajuk Szopa llegó a cobrar 200 millones de guaraníes en comisiones a cambio de un espacio en la Costanera.
De sorpresa en sorpresa. Por si esto fuera poco, el asesor jurídico de la Comuna, Marcial Cantero, informó que recibieron una notificación de una demanda por 1.500 millones de guaraníes, entablada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad. “Presumimos que los asociados se habrán encontrado con que el descuento del sueldo no era depositado en la caja y ahora se dan cuenta de que la plata no está”, dijo. Los afectados serían unos 300 funcionarios.
Además, otros 200 millones de guaraníes son reclamados por una empresa para proveer mobiliarios (informe de Raúl Cortese).