“Los valores, leyes y políticas de Washington no cambiaron el día de las elecciones. Celebramos nuestra diversidad y respetamos a todos los residentes de DC sin importar su estatus migratorio”, aseguró Bowser.
La alcaldesa del Distrito de Columbia dijo que la capital seguirá siendo una “ciudad santuario” porque contribuye a que los vecindarios sean más seguros y a que los residentes “no tengan miedo de pedir ayuda a nuestra alcaldía”.
Trump señaló durante la campaña electoral que retirará los fondos federales a las ciudades y condados de todo el país que no persigan activamente a los inmigrantes indocumentados y los entreguen a las autoridades federales de inmigración.
Un gran número de ciudades en todo el país se han negado hasta ahora a someter a sus residentes a esas pesquisas al suponer un mayor gasto, desviar recursos de la policía local, promover el miedo de los residentes e instigar la desconfianza entre vecinos.
Las autoridades federales son las encargadas de hacer cumplir las leyes en lo referente al estatus migratorio y proceder con los procesos de deportación contra indocumentados.
Washington no se comunica con las autoridades de inmigración para ejecutar deportaciones ni revisan el estatus migratorio de nadie, independiente de si se trata de una infracción de tráfico o un delito más grave.
“Perder dinero duele siempre, pero mantenerse fiel a nuestras políticas es importante y, por el momento, nos vamos a adherir a nuestras políticas a no ser que no haya buenas razones para ello”, explicó el concejal Jack Evans en entrevista con la emisora local WJLA.
Varios condados que rodean Washington en el norte de Virginia y Maryland tampoco cooperan con las autoridades federales de inmigración “motu proprio”.
Según el Centro de Estudios de Inmigración, que promueve restricciones en políticas migratorias, en todo el país hay unas 300 jurisdicciones que no son consideradas “santuario” para los inmigrantes indocumentados.
Trump propuso en una entrevista emitida el pasado domingo deportar inmediatamente entre 2 y 3 millones de indocumentados con antecedentes, pese a que estimaciones del Migration Policy Institute sitúan el número de indocumentados con antecedentes criminales en poco más de 800.000.
