El Poder Ejecutivo nombró a Ana Carolina Velázquez Gamarra y a Luis Enrique Barboza, que no son diplomáticos, para prestar servicio en el Consulado General de Paraguay en Madrid y en la Misión Permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, respectivamente. La primera, como segunda secretaria; y el segundo, con categoría D28, equivalente a la de un consejero.
La joven es hija del senador colorado Julio César Velázquez e integró incluso la lista de candidatos a diputados por el movimiento 11 de Setiembre, que lidera su padre. Hasta el año pasado figuraba en la nómina de contratados de la Vicepresidencia de la República, con un salario de G. 2.383.333. El abogado Barboza se desempeña como director de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ninguno de los dos pertenece a la carrera diplomática. Barboza, aunque es funcionario de la Cancillería, no integra el escalafón diplomático y consular.
A un diplomático de carrera le lleva como mínimo 11 años llegar a consejero y estar preparado para desempeñarse en un cargo como el que ahora el propio ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, acaba de avalar.
Con estas designaciones en el exterior de personas que no pertenecen a la carrera diplomática se superó el tope general de 20% que estipula la Ley 1335 del Servicio Diplomático y Consular para los cargos desde segundo secretario a ministros. Actualmente, según datos actualizados a los últimos decretos de rotaciones y traslados, estos nombramientos ya representan más del 24% del total.
Según la Ley de Presupuesto General de la Nación, a la categoría D28 corresponde una asignación de 5.936 dólares al mes; en tanto que a la categoría D22 se le asigna una remuneración de 3.678 dólares. Además se les paga el alquiler y el traslado el equivalente a tres salarios, si es casado, y a dos salarios, si es soltero/a. Por otro lado, la designación de Barboza contraviene el artículo 42 de la Ley 1335/99, que establece que la función consular está reservada a los funcionarios del servicio diplomático y consular, y que el Poder Ejecutivo podrá designar cónsules honorarios, que no es el caso que se está dando. La semana pasada, la Asociación de Diplomáticos Escalafonados (ADEP), en un comunicado, resaltaba que la profesionalización de la carrera se consolida como política de Estado y reivindicaba la Ley 1335.