EFE
Según informaron fuentes jurídicas, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal dispuso el procesamiento de Moreno, entre otros altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos y falsedad ideológica.
El pasado 2 de marzo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió sobreseer a Moreno y otros funcionarios en la causa al considerar que se trata de una cuestión política “no justiciable”, donde el “Gobierno de turno a través del Ministerio e instituciones correspondientes decide como corresponde según un metodología y no una ley, a su criterio, la forma de medición de los índices”.
“No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas), tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o en la metodología vigente”, añadió el juez en ese momento.
Sin embargo, posteriormente, el fiscal Carlos Stornelli apeló y pidió el dictado de sus procesamientos.
Los hechos que se investigan se remontan a 2006 con las “exigencias”, según dice el fallo de la Cámara, que Moreno -como Secretario de Coordinación Técnica primero y de Comercio Interior más tarde- habría realizado a las autoridades del Indec para que le entreguen la lista de comercios encuestados, lo que está protegido por el secreto estadístico.
También pidió supuestamente que implementasen cambios en el modo en que se venía elaborando el Índice de Precios al Consumo (IPC) -la inflación es uno de los históricos problemas de la economía argentina-, lo que “permitiría desplegar acciones de control de precios y obtener una medición de la inflación con resultados más bajos”.
Ante la negativa a cumplir con esas exigencias, los funcionarios habrían sido desplazados, tras lo que se designó, a fines de enero de 2007, a Beatriz Paglieri como directora del IPC, quien habría accedido a dichas demandas, entregándole información primaria sobre los encuestados y adulterando el índice mediante diferentes maniobras junto a Ana María Edwin, también procesada.
“Lo que aquí es objeto de reproche es la introducción de cambios en la forma en que se venía realizando dicha medición, en contradicción a principios básicos y comunes a toda metodología estadística conocida, para la consecución de objetivos extraños a las finalidades y funciones del Indec”, argumentó hoy la Cámara para razonar su fallo.
Los jueces concluyeron que las pruebas respaldaban “suficientemente la imputación” y que tal como lo solicitaba la Fiscalía correspondía el dictado de los procesamientos.
Después de que a inicios de 2007, durante el Gobierno de Kirchner, el Indec introdujera cambios metodológicos en la medición de los precios, la confiabilidad de los datos sobre la inflación y otros indicadores quedaron bajo sospecha y muchos sectores económicos comenzaron a guiarse por cálculos de consultoras privadas.
Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, a finales de 2015, el nuevo Gobierno ordenó una normalización del instituto de estadísticas y el Indec dejó de difundir durante seis meses los datos de la inflación.
