En la primera causa, el juez Talavera fue imputado por el delito de cohecho pasivo agravado, luego de haber sido filmado con cámaras ocultas negociando una coima de USD 25.000 para otorgar una pena reducida a un procesado por tráfico de marihuana. En ese entonces, Talavera era presidente del Tribunal de Sentencia que juzgaba al hombre.
Además del magistrado, la fiscala anticorrupción Yolanda Portillo imputó en carácter de cómplice a la abogada María Magdalena Ramírez Jacquet, quien en la mañana de ayer en una estación de servicios de la ciudad de San Ignacio cobró una seña de USD 5.000.
El dinero fue entregado por familiares del procesado por narcotráfico, en un operativo encubierto del Ministerio Público. La abogada ofició de intermediaria del juez en el pedido de coima, según la carpeta fiscal.
En el caso del fiscal Ferreira, el comunicado del Jurado menciona que se resolvió su remoción del cargo como representante del Ministerio Público, “por incurrir en la causal de mal desempeño en sus funciones, específicamente porque no habría dado cumplimiento a las reglas esenciales de los actos de investigación de la etapa Preparatoria y por no haber ejecutado una orden judicial emanada por un Juzgado, omitiendo el impulso del procedimiento”.
