El presidente de la Fundación Itá Enramada, que cuida el medioambiente, fue condenado ayer a 2 años de cárcel por haber acumulado más de 140 toneladas de pilas en desuso sin tener licencia ambiental.
Se trata de Rubén Figueredo, quien se quejó de lo injusto del juicio, teniendo en cuenta que dos fiscales le apoyaban en la concienciación para evitar dañar el medioambiente, incluso con donaciones.
La sentencia fue dada ayer, a las 7.30, por los jueces Arnaldo Fleitas, Elsa García y Víctor Manuel Medina, quienes suspendieron la ejecución de la condena, aunque no dieron las condiciones todavía.
el caso. Figueredo fue encontrado culpable del delito de procesamiento ilícito de desechos. El fiscal de la causa, Jalil Rachid, en sus alegatos, había requerido nada menos que tres años y medio de cárcel para el encausado.
Por su parte, la defensa, encabezada por la abogada Rosa Vacchetta, requirió la absolución de culpa y reproche.
EL FALLO. Los jueces señalaron que se probó el hecho punible, ya que almacenó, sin tener la licencia ambiental, pilas en desuso y desechos patológicos que pusieron en peligro la salud de las personas y el medioambiente.
Pese al pedido del fiscal, señalaron que la pena justa era la de 2 años de cárcel, pero que iba a ser suspendida. Además, ordenaron destruir los desechos que fueron almacenados.
Recién el próximo viernes se dará a conocer el fallo completo con las condiciones de la suspensión de la pena.
ACUSADO. Rubén Figueredo, presidente de la fundación, señaló a la prensa que consideraba una traición, ya que la misma Fiscalía había apoyado el trabajo de su organización.
Dijo que los fiscales Blas Imas y José Luis Casaccia –que testificaron en el juicio– habían remitido ayudas de las donaciones de los procesados. Aseguró que su fundación trabaja hace unos quince años concienciando a la población con respecto a cuidar el medioambiente.
Justamente, refirió que la ciudadanía, como no tenía cómo deshacerse de las pilas por la inacción estatal, fue llevándolas a la sede de la Fundación Itá Enramada. Ahí fueron acumulándose en unos trescientos tambores, que alcanzaron aproximadamente 140 toneladas. Sin embargo, la intención siempre fue cuidar el medioambiente.
Con respecto al fallo, dijo que era injusto, que iban a leer la condena detalladamente y ahí iban a decidir si apelaban o no la resolución.