EFE
“Persisten algunas dudas que precisan ser esclarecidas con el Supremo”, explicó Cunha, quien confirmó que la Cámara Baja iniciará mañana un receso que se prolongará hasta el próximo 2 de febrero, lo cual interrumpirá al menos hasta esa fecha el proceso para un eventual juicio con vistas a la destitución de Rousseff.
El Tribunal Supremo ordenó la semana pasada que la Cámara baja reinicie todo el trámite, que había comenzado a principios de este mes, por “errores de procedimiento” en algunas de sus fases.
Entre otros puntos, la corte determinó que la Cámara de Diputados deberá elegir otra vez a los miembros de una comisión que analizará si existen razones jurídicas para el proceso contra Rousseff, lo cual supondrá repetir una votación realizada el pasado día 8.
Según el tribunal, la elección de los miembros de esa comisión, que supone el primer paso en el proceso contra Rousseff, no puede ser secreta y los candidatos a integrarla deben ser postulados por los partidos y escogidos en forma individual y no a través de listas.
De esa manera, quedó anulada la elección de los miembros de la comisión hecha el pasado día 8, cuando se presentaron dos listas de candidatos y se impuso la propuesta por sectores de oposición, en una votación realizada bajo secreto.
Según Cunha, uno de los puntos que el Supremo deberá esclarecer ahora es qué pasará si los candidatos escogidos por los partidos no reciben el visto bueno de la mayoría de los miembros del pleno de la Cámara.
“No sabemos qué pasaría si hay miembros rechazados por el voto”, dijo Cunha, quien indicó que, según la sentencia de la corte, “si no son elegidos los candidatos que propongan los partidos pudiera no haber alternativas” para conformar esa comisión de diputados.
Ese grupo deberá estar integrado por 65 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria y su tarea será determinar si existen razones jurídicas que justifiquen someter a Rousseff a un juicio político.
El proceso fue iniciado a instancias de la oposición, que acusa a la mandataria de haber incurrido en un “delito de responsabilidad” al supuestamente avalar unas maniobras contables con las que el Gobierno maquilló sus resultados fiscales de 2014 y los balances parciales de 2015.
