19 ago. 2025

Juez intima para saber si teléfono era del presidente

El juez de Garantías Hugo Sosa Pasmor intimó por 72 horas a tres empresas, para saber a nombre de quién estaban asignados los teléfonos corporativos que figuran en el cruce de llamadas en la investigación por la muerte del liberal Rodrigo Quintana.

Crimen.  El cuerpo de Rodrigo Quintana, tras ser alcanzado por los disparos en el PLRA.

El abogado que lleva la causa de Rodrigo Quintana, impugnará a la fiscal Raquel Fernández. Foto: Archivo

Según la querella, los celulares son utilizados por el presidente de la República, Horacio Cartes, y por Luis Canillas, asesor de Yacyretá, y jefe temporal del departamento administrativo del ente.

El juez reiteró los oficios a la firma Edivi SA, Palermo SA y Ventanas SA, sobre los teléfonos que figuran en el cruce de llamadas, según señala la querella encabezada por el abogado Guillermo Duarte.

La intimación es por 72 horas, bajo apercibimiento de ley, con lo que en caso de no cumplir el plazo establecido por el Juzgado de Garantías, se remitirán los antecedentes a la Fiscalía, por desacato y frustración a la persecución y ejecución penal.

Son cuatro los números telefónicos, todos de la firma Telecel SA (Tigo), que figuran como corporativos de dichas empresas, pero que según el cruce de llamadas hechas en el caso, serían del presidente de la República, Horacio Cartes, y de Luis Canillas.

La intimación es dentro del marco de la investigación realizada por la Fiscalía, por la muerte del joven Rodrigo Quintana, ocurrida el 1 de abril del 2017, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Lo que la querella quiere saber es quién dio la orden para “atracar” el PLRA, según sus palabras.

Hace unos días, también se había intimado a la firma Núcleo SA, para que informara acerca de los extractos de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los legisladores Fernando Silva Faceti y Clemente Barrios.

La firma no había enviado los informes, con el argumento de que ya no tenían la obligación de guardarlos, al pasar el plazo de los seis meses.

Pese a ello, tras la intimación judicial, solicitaron que envíen peritos a la empresa para que se extraigan los datos que necesiten.